Río de Janeiro vivió uno de los episodios de violencia más intensos de su historia reciente con un megaoperativo policial contra el Comando Vermelho (CV), la segunda facción criminal más poderosa de Brasil, nacida en 1979 en prisiones locales y dedicada al narcotráfico, extorsión y control territorial. La acción, bautizada como “Operación Contención”, movilizó a unos 2.500 agentes de la Policía Civil y Militar en los complejos de favelas da Penha y do Alemão, en la Zona Norte de la ciudad, donde residen cerca de 300.000 personas y que sirven como centros neurálgicos para el flujo de drogas y armas debido a su proximidad a autopistas clave. El objetivo principal fue capturar a Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, jefe regional del CV en Penha, con más de 100 causas judiciales por homicidio, tráfico y tortura, junto a decenas de lugartenientes mediante 100 órdenes de arresto.
Apoyados en 32 vehículos blindados, helicópteros, drones de vigilancia y un despliegue masivo, los agentes enfrentaron una resistencia armada feroz: los narcotraficantes erigieron barricadas con al menos 50 vehículos robados y autobuses incendiados, bloquearon avenidas como la Brasil, y utilizaron drones artillados para atacar posiciones policiales, generando escenas de guerrilla urbana que paralizaron el transporte público y causaron caos en la ciudad. El saldo preliminar, confirmado por el gobierno estatal y fuentes de seguridad, es devastador: al menos 64 muertos, incluyendo 4 policías (uno de ellos un jefe de unidad) y 9 heridos entre los agentes, junto a 81 detenidos y la incautación de 50 armas de fuego, entre ellas 42 fusiles de asalto.
El gobernador Cláudio Castro (PL, alineado con el bolsonarismo) defendió la acción como “la mayor ofensiva contra el narcotráfico” para frenar la expansión del CV, que opera desde favelas remotas vía videollamadas para evadir capturas. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch (HRW), la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la ONG Movimentos la condenaron duramente: HRW alertó sobre un proyecto de ley local que incentiva disparos letales con bonos financieros, fomentando “matanzas como regla” en lugar de arrestos, mientras la diputada Dani Monteiro exigió investigaciones independientes por posibles abusos, recordando que estas incursiones, permitidas tras la flexibilización de restricciones de la Corte Suprema en 2025, afectan desproporcionadamente a poblaciones negras y pobres sin reducir el crimen de manera sostenible.