La administración estatal de Sinaloa, encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), enfrenta un adeudo acumulado de 30 millones 22 mil 806 pesos a los siete partidos políticos con registro en el estado, correspondiente al financiamiento público mensual del ejercicio fiscal 2024. Esta deuda, que no se había presentado previamente en su gestión, afecta el funcionamiento operativo de las fuerzas políticas, incluyendo a Morena y el PRI, según denuncias de sus dirigencias.
El monto fue revelado inicialmente por la periodista Leticia Villegas y confirmado por Arturo Fajardo Mejía, secretario general del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES). Rocha Moya ha reconocido la anomalía y ordenado su pago inmediato al titular de Finanzas, Joaquín Landeros Güicho. El retraso se atribuye a presiones presupuestales, en un contexto donde el gobierno ha solicitado créditos quirografarios por 1,600 millones de pesos en 2022 y 1,500 millones en septiembre de 2025 para cubrir obligaciones heredadas y actuales.
Esta situación genera preocupación por el impacto en la democracia local, al limitar recursos para campañas y actividades partidistas reguladas por ley. El IEES supervisa el cumplimiento, y el pago pendiente podría resolverse en las próximas semanas para evitar sanciones electorales.