El 22 de agosto de 2025, se descubrieron los cuerpos sin vida de cuatro integrantes de una familia originaria de Michoacán dentro de una camioneta Ford Pickup abandonada en la colonia San Andrés, al oriente de Guadalajara, Jalisco. Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 36 años (el padre de familia), una mujer de 32 años (presumiblemente su pareja), un niño de 13 años y una niña de 7 años. Los cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición y signos de haber sido ejecutados a balazos, con los menores ocultos bajo un plástico y una carriola en la cabina, mientras que los adultos estaban en la parte trasera, cubiertos con bolsas negras y una llanta. La Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de su vicefiscal de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, reveló que las evidencias apuntan a que el crimen ocurrió dentro de un taller mecánico cercano, ubicado en la Avenida Ejido, a menos de 500 metros del sitio donde se halló el vehículo.
Cámaras de videovigilancia del C5 captaron la camioneta ingresando en reversa al taller, donde peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) encontraron indicios forenses durante un cateo realizado el 25 de agosto, incluyendo rastros que presumen la privación de la vida en ese lugar. El taller fue asegurado y permanece bajo resguardo policial para continuar la recolección de pruebas. La principal línea de investigación se centra en las actividades del padre de familia, quien se dedicaba presuntamente a la compra y venta de vehículos, así como al cultivo de jitomate, lo que podría vincularlo a disputas relacionadas con el crimen organizado en la región. No se descartan otras hipótesis, como posibles filtraciones internas en la Fiscalía.
Durante las indagatorias, dos empleados del taller, Héctor Manuel Valdivia Martínez y un hombre apodado “El Chino”, fueron interrogados y retenidos por 48 horas, pero liberados por falta de elementos incriminatorios. Sin embargo, el 26 de agosto, un comando armado de al menos 12 personas secuestró a estos dos hombres, junto con el cuñado y yerno de uno de ellos (José Manuel Arredondo Roldán y Gary Omar Silva González), en un hecho que genera preocupación por posibles represalias o conexiones con el multihomicidio. La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco emitió fichas de búsqueda para los desaparecidos, y familiares protestaron exigiendo su localización.