El 9 de agosto de 2025, los periodistas campechanos Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali, del medio La Barra Noticias, se vieron obligados a ofrecer disculpas públicas a la gobernadora Layda Sansores por orden del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC). La sentencia, ratificada por la Sala Regional de Xalapa, los acusó de ejercer “violencia política de género” a través de expresiones “ofensivas y estereotipadas” en un programa de YouTube y Facebook.
Los comunicadores, tras apelar sin éxito, leyeron un texto idéntico en un video, cumpliendo el mandato judicial. Esta medida genera preocupación por su impacto en la libertad de expresión. La gobernadora Sansores, conocida por su historial de acciones legales contra periodistas críticos, parece utilizar el marco de la “violencia política de género” para silenciar cuestionamientos a su gestión. El caso se suma a otro precedente reciente, donde el periodista Jorge González Valdez y el periódico Tribuna Campeche enfrentaron restricciones similares, incluyendo la imposición de un censor judicial, una práctica inusual que evoca control estatal sobre la prensa.
Abraham Martínez, además, enfrenta cinco denuncias adicionales por daño moral y difamación, lo que sugiere un patrón de hostigamiento legal. Si bien la protección contra la violencia de género es crucial, su aplicación en este contexto parece desvirtuarse, convirtiéndose en una herramienta para coartar el periodismo crítico. Organizaciones como Artículo 19 han denunciado estas medidas como excesivas, advirtiendo sobre el riesgo de censura en Campeche.