Los manifestantes acusan a Chávez de extorsionar a los trabajadores, exigiendo pagos semanales de hasta 15 mil pesos y cuotas adicionales, como 500 pesos por cada calcomanía requerida para operar camiones recolectores, sumando un total de 75 mil pesos anuales. Estas prácticas afectan a más de 800 familias que dependen de la recolección de basura, actividad que cubre el 90% de los residuos del municipio con 152 camiones y 65 carretoneros.
El ayuntamiento morenista de Ixtapaluca emitió un comunicado descalificando las denuncias, acusando a los líderes sindicales de buscar beneficios personales, como contratos de obra, y cuestionando la legitimidad del video. Sin embargo, ni Chávez ni el gobierno municipal han emitido una declaración oficial sobre el origen del dinero o las acusaciones.