En marzo de 2020, se desató un escándalo en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) tras la denuncia de la defensora de derechos humanos Sandra Estefana Domínguez Martínez, quien expuso la existencia de un grupo de WhatsApp llamado “Sierra XXX”. En este chat, funcionarios del INPI, junto con otros del gobierno de Oaxaca, compartían contenido que violentaba sexualmente a mujeres indígenas, incluyendo fotografías íntimas. Uno de los implicados, Rolando Vásquez Pérez, jefe de plazas en la Dirección de Recursos Humanos del INPI, renunció tras la denuncia. Hugo Aguilar Ortiz, entonces coordinador general de Derechos Indígenas del INPI, fue señalado por su manejo de este caso.
Según el activista Joaquín Galván, el equipo jurídico del INPI, liderado por Aguilar, intentó silenciar a Sandra Estefana Domínguez ofreciéndole un “cheque en blanco” a cambio de su silencio, oferta que ella rechazó. Esta acusación ha sido replicada en redes sociales, donde se cuestiona la actuación de Aguilar en la protección de las víctimas y en la investigación de los responsables. Adelfo Regino Montes, entonces director general del INPI y cercano a Aguilar, desestimó las denuncias, lo que generó críticas adicionales de activistas y organizaciones que consideraron insuficiente la respuesta institucional.
No existe evidencia pública de que Hugo Aguilar Ortiz haya participado directamente en los chats, pero su presunto intento de encubrimiento ha sido un punto de controversia, especialmente tras su elección como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio de 2025. Por cierto, tiempo después la denunciante, Sandra Estefana Domínguez fue hallada muerta junto con su esposo.