Reporta Salvador García Soto en El Universal: «La mayoría de los municipios de Tamaulipas, incluidos casi todos los de la frontera, de la región centro y hasta alguno del sur, están pagando en estos momentos “derecho de piso” a los cárteles del narcotráfico, que los obliga con amenazas, secuestros de alcaldes y hasta con presión política, a pagar cuotas mensuales que van de los 2 a los 3.5 millones de pesos, dependiendo del tamaño y la economía del municipio, a cambio de servicios de protección».
Por supuesto, el gobierno estatal no hace nada al respecto, y no hace nada porque Américo Villarreal debe pagar los favores a los grupos del narcotráfico que lo ayudaron a llegar al poder a él y a los gobernadores de Sonora y Sinaloa. Concluye García Soto: «Y cuando la autoridad, de cualquiera de los tres niveles de gobierno, se somete al narcotráfico y hasta le paga impuesto, entonces se acabó el Estado mexicano».