Francisco Vargas / Los legisladores de Morena y aliados reformaron más de 450 artículos en materia electoral, teniendo apenas menos de una semana para leer las cientas de hojas con el contenido de ese famoso y complejo “Plan B” electoral.
En otras palabras, tanto los Diputados como los Senadores de la 4T aprobaron una reforma sin ni siquiera haberla leído, ya que es humanamente imposible que en menos de una semana hubiesen leído, analizado y perfeccionado un proyecto de reforma tan extenso.
De ahí el primer rotundo rechazo a esa reforma improvisada y que en su inmensa mayoría viola la Constitución y restringe las facultades del INE para llevar a cabo elecciones libres, imparciales y efectivas.
Si bien la reforma constitucional fue rechazada por no contar con la mayoría calificada necesaria en el Congreso de la Unión, la venganza de López Obrador fue enviar inmediatamente otra reforma a leyes secundarias por medio de sus empleados en el Poder Legislativo, sin necesidad de haberla estudiado, sino con el único propósito de causar el mayor daño posible al INE y por ende a la democracia.
Tanto los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, así como sus respectivos partidos políticos (PRI, PAN y PRD) han presentado las acciones de inconstitucionalidad correspondientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra esta dañina reforma electoral, que lastima severamente el marco normativo constitucional, así como los principios de imparcialidad y equidad electoral, sólo por mencionar algunos.
Así mismo, ha sido el propio Instituto Nacional Electoral (INE), por medio de los 11 Consejeros que lo representan, los que en días pasados de igual manera presentaron en conjunto, una controversia constitucional (medio de impugnación constitucional a los que el INE tiene derecho) ante la Suprema Corte contra este dañino y autoritario “Plan B” enviado por Ejecutivo y previamente aprobado por su mayoría en el Legislativo. Emanado de ello, el INE ha iniciado una campaña para dar a conocer cómo es que esta reforma daña al Instituto así como nuestro derecho al voto.
Entre lo que principalmente destaca es: la gran disminución de las atribuciones y facultades legales a los Magistrados del Tribunal Electoral y a los Consejeros del INE para básicamente transmitírselas a demás funcionarios públicos y a los titulares del Ejecutivo en los 3 niveles (Alcaldes, Gobernadores y Presidente) para poder usar recursos públicos en la promoción de los candidatos que busquen un cargo público y emanen de su partido político, también la desaparición del más importante fideicomiso del Instituto (que además se obtiene vía privada) para renovar y darle mantenimiento a todo el equipo técnico que se utiliza en los centros de atención ciudadana de todo el país, con la absurda justificación de “austeridad” busca eliminar a los 5 vocales de las 300 juntas distritales para suplirlo por sólo uno, elimina casi al 90% el servicio profesional electoral así como las unidades internas que garantizan la imparcialidad y la autonomía en el Instituto, esto dejaría sin empleo a miles de capacitadores y asistentes electorales, los cuales son el principal pilar para organizar desde la instalación de las casillas, capacitar a los ciudadanos, así como la entrega de los resultados electorales, poniendo así en peligro la seguridad de estos.
Por simple acato constitucional, esta reforma debería ser invalidada por decisión general de los 11 Ministros de la Corte, ya que el “Plan B” en sí mismo es una ofensa a la propia Constitución y daña severamente nuestro derecho al voto.
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