En su propuesta el diputado alega que «las facultades de la Dirección General de Profesiones y de las autoridades universitarias que emitieron el título profesional para llevar a cabo la anulación del registro del título profesional y revocación la cédula de ejercicio con efectos de patente, prescriben en un periodo de cinco años contados a partir de la obtención de la cédula profesional con efectos de patente».
Por supuesto, el caso tiene que ver con el delito cometido por Yasmín Esquivel, quien gracias a ese engaño logró obtener su licenciatura, más tarde los grados que le permitieron ser magistrada y con ayuda del presidente López Obrador un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, cualquiera que hay cometido plagio, después de 5 años puede decir que se salió con la suya.