Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Con seguridad le ofrecieron que, antes de que concluya la actual administración, lo habrán de convertir en magistrado. *** Lo cierto es que el juez de control de Pacho Viejo, Francisco Reyes Contreras, se ha convertido en el brazo ejecutor de las medidas represivas que aplica cada vez con más frecuencia el gobierno estatal. *** No hay asunto con interés político para palacio de gobierno, que caiga fuera de la influencia de Reyes Contreras. *** Lo grave de su comportamiento, es que en varias ocasiones este juzgador ha incurrido en desacato de las sentencias emitidas por jueces de Distrito, y mediante verdaderas marrullerías intenta sostener las resoluciones que él mismo emitió, por consigna del gobierno estatal. *** El caso más reciente es el de la excomisionada presidente del Instituto Veracruzano de acceso a la Información (IVAI) Yolli García Álvarez, a quien mantuvo en prisión a pesar de los amparos concedidos por la justicia federal. *** Fue desde el mes de octubre que la justicia le otorgó a la excomisionada el cambio de la medida cautelar por otra que no fuera prisión preventiva, pero el juez de control simulaba el cumplimiento de la sentencia y la mantenía en prisión. *** Es práctica común de los jueces de control que están a las órdenes del gobierno estatal: si la sentencia del juez de Distrito no es específica en la instrucción de poner en libertad a alguno de los actores políticos contra los que ha actuado esta administración, se responde con alguna vaguedad para ganar tiempo y no dar cumplimiento a recursos jurídicos que deberían proteger a la persona detenida. *** Y todavía se atreven a afirmar que no hay presos políticos en Veracruz.
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El artículo 25 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana (UV), en su fracción IV, señala que una de las atribuciones del Consejo Universitario es: “aprobar el presupuesto anual de egresos de la Universidad Veracruzana”.
En vista de que el gobierno de Veracruz pretende, una vez más, asignar a la UV menos recursos de los que establece la Constitución local, este lunes sesionó el Consejo Universitario y votó a favor de exigir a las autoridades que cumplan con el 4 por ciento del “presupuesto total de Gobierno” que la UV ya debería recibir.
No importa que el actual gobernador sea egresado de la UV, ni que sea docente de esa institución. Desde el año 2020, su administración le ha entregado a esa casa de estudios menos recursos de los que, por ley, le corresponden.
El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, informó a los integrantes del Consejo la propuesta de Cuitláhuac García: se mantiene la cantidad presentada por la Secretaría de Finanzas (mil millones menos de lo que por ley le corresponde) y a cambio de someterse, le promete una asignación “extraordinaria” de 250 millones de pesos.
Los miembros del Consejo Universitario respaldaron la propuesta de “mantener, por ahora, la perspectiva” de que en 2023 el Gobierno se compromete a entregar 250 millones de pesos a la Universidad.
El rector explicó que para 2023, la UV espera que el gobierno estatal se apegue a lo que ordena la Constitución y asigne 4 mil 064 millones de pesos; sin embargo, en el proyecto de presupuesto de egresos se contempla asignarles sólo 3 mil 064 millones 400 mil pesos, un aumento de apenas un millón de pesos respecto al 2022.
Aguilar Sánchez informó que desde hace dos años el gobierno ha cumplido con la progresividad (esto es, no asignar menos presupuesto que el año anterior) “pero no con la gradualidad”, pues sólo ha asignado aumentos de un millón de pesos anualmente, no lo que por ley le corresponde.
Ante la voz de protesta de la comunidad universitaria, el Consejo aprobó: “Insistir en nuestra legal y legítima demanda de que el Gobierno del Estado cumpla con lo establecido en la Constitución y asigne a la Universidad Veracruzana el 4 por ciento del presupuesto total de Gobierno, intensificando el diálogo y las negociaciones con el mismo para poder alcanzar dicho porcentaje”.
Durante la sesión, la comunidad universitaria presionó al Rector para “mostrar el músculo”, advirtiendo que el Congreso del Estado podría reformar la ley para eliminar la autonomía presupuestal de la UV.
Ya en este mismo espacio se había advertido: en su afán de hacerse de recursos adicionales, el gobierno de Cuitláhuac García está saqueando a los órganos autónomos, especialmente aquellos que, por ley, tienen asignado como presupuesto un porcentaje fijo -como mínimo- del presupuesto general del estado.
Del primer ataque a esos órganos fue la reforma promovida por el gobernador para dar una “interpretación” al concepto de “presupuesto general del estado” y dejar plasmado en la Constitución que esa expresión correspondía a los recursos de “libre disposición”, los que son mucho menos y por lo tanto impacta a los recursos que cada ente autónomo debería recibir.
Los otros dos organismos autónomos con presupuesto fijo, además de la UV, son la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, ambos entes con titulares impuestos desde Palacio de Gobierno y que no se atreven a levantar la voz, salvo al final de cada año, cuando se les agota el recurso.
La Universidad Veracruzana, sin embargo, no está dispuesta a sacrificar su desarrollo y los proyectos académicos, para resolver los problemas de liquidez que enfrenta Cuitláhuac García.
No se sorprenda si en los próximos días la comunidad universitaria toma las calles para reclamar lo que por ley les corresponde.
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Epílogo.
Era de todos sabido, pero nadie lo había dicho ante los medios de comunicación: la embestida jurídica en contra de Rogelio Franco Castán está sostenida en la denuncia y los testimonios del exsecretario de Seguridad Pública (en los tiempos de Javier Duarte) Arturo Bermúdez Zurita, a quien le ofrecieron facilitarle la recuperación de los bienes que entregó durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares para conseguir su libertad. *** Este lunes una de las hijas de Rogelio franco ofreció conferencia de prensa para denunciar la serie de atropellos de los que su padre está siendo víctima, en el afán del gobierno estatal de mantenerlo en prisión. *** tarde o temprano la justicia llegará para Rogelio Franco, y los que ahora lo acosan estarán ocupando esas mismas mazmorras. *** Para documentar la colección de barbaridades cometidas en la actual administración estatal: Durante el año pasado (2021), el estado de Veracruz ocupó el segundo lugar a nivel nacional por el número de personas reportadas como desaparecidas ante la Guardia Nacional, con un total de 402. *** Sólo fue superada por Michoacán, que reportó 520 personas desaparecidas- *** El tercer lugar fue para Tamaulipas con 300, el cuarto para el Estado de México (164). Les siguieron Sinaloa (101), Jalisco (95), Ciudad de México (78), Guerrero (43) y Baja California (42). *** El fuego está cada vez más cerca. La semana pasada les informé que Nuevo León y Tamaulipas ya habían retomado las medidas de prevención ante el ascenso de casos de Covid-19. Pues bien, a esas entidades ya se sumó Puebla. *** El gobierno de Puebla anunció este lunes un nuevo endurecimiento de las medidas de prevención de contagios de Covid-19, debido al repunte de casos que se ha dado en el país. Esto contempla que se retome el uso obligatorio de cubrebocas. *** Sergio Salomón Céspedes, quien asumió la gubernatura la semana pasada tras la muerte de Miguel Barbosa, reconoció que “Puebla no es la excepción” y también ha tenido un alza de contagios. Por ello, su administración elaboró un decreto con acciones para prevenir más casos. *** ¿Qué espera Veracruz?
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