Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Es evidente que el presidente está mal informado. Que su equipo de trabajo y sus seguidores le dicen al oído lo que él quiere escuchar. *** En su visita a Tamaulipas, durante su conferencia de prensa apareció una pregunta (a todas luces “sembrada”) sobre la problemática que enfrenta el nuevo gobernador de aquel estado, Américo Villarreal, teniendo a un fiscal que fue impuesto por su antecesor y que, por ley, debe quedarse ahí mucho tiempo más. *** El mismo reportero le mencionó el caso de Veracruz, cuando Yunes Linares le “heredó” a Jorge Winckler a su sucesor. La pregunta era de las que le gustan al presidente y la aprovechó. *** “Nosotros no vamos a plantear una reforma, yo creo que esto lo tienen que resolver las mismas autoridades locales. Y tener un poco de vergüenza porque, si ya llevan seis años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir: ‘Ahí está mi renuncia, ya me voy’ (…) Pero hay veces que está muy mal la situación de seguridad en un estado, sale el fiscal o procurador y las cosas mejoran, y se puede probar. El caso de Veracruz, estaba mal, mal, mal, estado vecino de aquí, de Tamaulipas; salió el procurador, desde luego hubo otros cambios, pero es notorio de que mejoró la situación de seguridad”. *** Se equivoca el presidente. En efecto, en el bienio de Yunes Linares el tema de la seguridad estaba –como él bien lo dice- “mal, mal, mal”, porque –en efecto- Jorge Winckler no era un buen fiscal y concentraba sus esfuerzos en satisfacer la sed de venganza de su jefe. *** En lo que se equivoca López Obrador, es cuando afirma que a partir de ese cambio las cosas mejoraron. Eso no es cierto (y así lo muestran todas las mediciones, incluso las del Consejo Nacional de Seguridad), porque si Jorge Winckler era un servidor público limitado en materia de procuración de justicia, Verónica Hernández –quien lo sustituyó- lo es aún más. *** No, señor presidente, no todos los cambios son para mejorar. A veces se sale de Guate-mala, para caer en Guate-peor.
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En el corazón de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue destapada una cloaca, y el hedor se extiende ya por buena parte del gobierno estatal.
A estas alturas, el titular de esa dependencia, el regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado, ya no puede argüir que todo es producto del desorden que encontró al llegar a ese cargo, pues de eso ya han pasado cuatro años, dos tercios de la actual administración.
Todo empezó con una decisión errónea. Alguien pensó que “la mejor idea” era eliminar a la persona que les podría causar problemas, Juan Alan Cuetero, “Archie”, quien había brincado de la Policía Vial al área operativa de Seguridad Pública.
Elementos de la propia corporación, quienes conocían domicilios y rutina de su compañero, lo emboscaron el pasado 29 de mayo, cuando se dirigía a ver a su familia.
En los días posteriores a ese suceso (con una lentitud pasmosa para reaccionar) el propio secretario de Seguridad pública encabezó un “operativo” de búsqueda que, por supuesto, resultó infructuoso
No fue sino hasta la semana pasada –y, al parecer por fuertes presiones desde la capital del país, que se dieron los primeros resultados de la investigación por la desaparición del agente Cuetero: la detención en Xalapa del director Operativo de Seguridad Pública, Alan Ciprián, y de tres mandos medios ubicados en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Esto, sin embargo, generó un fuerte descontento entre los miembros de “la tropa”, quienes asumieron que, así como sus jefes inmediatos, ellos podrían ir a parar a la cárcel (si bien les iba) o, peor: podrían correr la misma suerte que “Archie”.
De pronto empezaron a aparecer múltiples mensajes anónimos en las redes sociales, denunciando algunas de las tropelías cometidas por los altos mandos de Seguridad Pública.
Este miércoles las cosas llegaron a un extremo muy peligroso, en el que hasta el gobernador se vio envuelto.
Un sujeto que dijo pertenecer a la Fuerza Civil de Seguridad Pública, se encerró este día en la habitación de un hotel en la zona de Las Trancas, desde donde denunció, a través de varios videos que subió a redes sociales que sus compañeros quieren desaparecerlo como –dijo- “lo han hecho en otras ocasiones”.
Esta persona señaló de forma directa a un mando al que apodan “Comandante Tigre”.
Para cuando salió el gobernador Cuitláhuac García a ofrecer su conferencia de prensa, el video ya era conocido por los reporteros, quienes lo cuestionaron al respecto. El mandatario estatal confirmó que se trataba de un elemento de la Fuerza Civil y que ya la fiscalía General del estado (FGE) estaba investigando su denuncia.
Mientras eso sucedía, la señora madre de Juan Alan Cuetero “Archi” -desaparecido desde el mes de mayo- denunció que estaba siendo amenazada por elementos de la propia corporación a la que perteneció su hijo.
La señora Rosalía Castro Toss, vocera del colectivo Solecito, informó que la madre de “Archie” se acercó a esa agrupación para sumarse, pero ante las amenazas recibidas prefirió no hacerlo.
“Es la misma policía, es lo mismo; ojalá esto sirva para que las autoridades abran los ojos y vean qué gente tienen, porque al rato pueden estar en ese lugar y da tristeza que no cambien, da tristeza que las cosas sigan igual, da tristeza que los mandos policiacos sigan con las mismas acciones”, comentó la representante de Solecito.
El peligro es evidente: están desesperados, portan armas y tienen permiso para usarlas.
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Epílogo.
Es una estrategia recurrente en la Fiscalía de Veracruz: el acoso a los abogados defensores, para que dejen el caso y den por cierta la presentación de los fiscales. *** El caso de July Raquel Flores, sentenciada a 60 años de cárcel por homicidio, es ilustrativo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya emitió una recomendación, en la que hizo evidente que la mujer sentenciada fue torturada y violada por elementos de la Policía Ministerial, para obligarla a admitir su culpa. *** Nada de eso fue suficiente para que el juez de control variara su sentencia. René Rodolfo Paratte Corona, abogado defensor de July Raquel sigue el proceso y llevará el caso a otras instancias, en las que el poder corruptor de la Fiscalía de Veracruz no penetra. *** Sin embargo, con el fin de frenar su labor, la Fiscalía lo detuvo y le imputó el delito de “revelación de secreto”, con lo que obtuvo su vinculación a proceso. El abogado sigue en libertad, pues el juez le impuso la medida cautelar de firma periódica por un año, pero la Fiscalía consiguió su objetivo: hacerle llegar el mensaje de que “ya no le siga”. *** Así se maneja la justicia en Veracruz. *** Los diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado consideraron que el trabajo del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en la revisión de la Cuenta pública 2021 no fue suficiente, por lo que decidieron darle un plazo de 90 días para que le hagan a su informe los ajustes que sean necesarios. *** es evidente que hay fuertes intereses metidos en este tema.
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