Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Los procedimientos son lentos, porque así lo exige el marco jurídico actual, pero es viable sancionar a esos servidores públicos que causaron daño patrimonial a las arcas municipales o estatales. *** Esta semana la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción consiguió que fuera vinculado a proceso el exalcalde de Yecuatla, Fidencio Romero Ortega y quienes formaron parte de su comuna, así como exfuncionarios. *** Se les acusa de ejercicio indebido del servicio público y fraude procesal. *** El procedimiento jurídico fue iniciado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), por anomalías detectadas durante la administración municipal en 2020 y 2021. *** Además del exalcalde, fueron imputados la que fuera síndica única Perla Dinora Cruz; el exregidor primero, la extesorera, la excontralora y el exdirector de obras públicas. *** Hay otros exalcaldes que podrían ser vinculados a proceso en los próximos días.
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El proyecto de construcción de las Ciudades Judiciales estuvo podrido desde su origen. Era una loable iniciativa en manos de servidores públicos corruptos.
Existen denuncias formales, auditorías contratadas por el propio Tribunal Superior de Justicia (en los tiempos de la fallecida magistrada presidente Sofía Martínez Huerta) y están también los informes específicos elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) sobre una larga lista de irregularidades detectadas en este proyecto.
Si de verdad la actual magistrada presidente, la septuagenaria Isabel Inés Romero Cruz, pretende cancelar los contratos para la construcción de las Ciudades Judiciales que faltan (una docena) sin que les represente un costo adicional a las saqueadas arcas del Poder Judicial, tiene los elementos jurídicos para hacerlo.
El problema es que tendrá que “barrer para atrás”, justo lo que intentó hacer su antecesora, y que le costó la presidencia primero, después la magistratura y, finalmente, la vida.
Está claro, en principio, que Isabel Inés Romero o tiene nada qué ver con la propuesta de suspender los proyectos faltantes. En realidad, ella no ve nada que esté relacionado con el ámbito administrativo, rubro que controla el propio gobernador desde Palacio de Gobierno, a través de Joana Marlene Bautista Flores, la emisaria del subsecretario de Administración, Eleazar Guerrero Pérez.
Isabel Inés Romero sólo habla del presupuesto del Tribunal superior de Justicia, cuando se trata de gestionar una nueva ampliación presupuestal, o cuando –como en este caso- se anuncia que las quebrantadas finanzas del Poder Judicial no pueden sacar adelante los proyectos que están pendientes.
En octubre del 2017 (durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares) el Congreso de Veracruz le autorizó al entonces magistrado presidente, Edel Álvarez Peña, la construcción de 17 ciudades Judiciales (edificios distribuidos en diversos puntos de la entidad que concentraban instalaciones del Poder Judicial), mediante la implementación de un mecanismo conocido como “Asociaciones Público-Privadas” (APP), que significa que empresas particulares financian las obras y el sector oficial se compromete a pagarlas en un plazo definido. La propuesta que creció hasta 21 de esos centros.
La magistrada Sofía Martínez Huerta sustituyó a Edel Álvarez al frente del tribunal Superior de Justicia y desde su llegada se sorprendió de las grandes sumas que se pagaban por la realización de estos proyectos. Ordenó una auditoría y encontró que había tantas irregularidades que era menester suspender los pagos.
Eso le costó que le iniciaran un Juicio Político, la retiraran de la presidencia y poco después la cesaran como magistrada.
Isabel Inés Romero llegó en su lugar y la instrucción que llevaba desde Palacio de Gobierno (donde se decidió que ella llegara al cargo) fue que se regularizara en los pagos a las empresas constructoras. Lo hizo.
Sin embargo, llegó el momento en el que ya no pudo pagar.
La revisión por parte del Orfis, mostró que el Poder Judicial había incumplido con los contratos al retrasar por más de un año su firma.
Suspender de manera unilateral dichos contratos le significaría al Poder Judicial un alto costo financiero que, en su actual condición de insolvencia, no podría cubrir. Pero si demuestra que dichos contratos están viciados de origen, podría conseguir que se les declarara nulos y quizá hasta podría conseguir que las empresas involucradas indemnizaran al Poder Judicial.
Todo ello significaría destapar una cloaca, cuyo hedor llegaría hasta Palacio de Gobierno.
¿Se atreverá?
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Epílogo.
¡Qué pronto se olvidaron de sus tiempos de manifestantes incomprendidos! *** Aquellos que hace algunos años se quejaban de la “brutalidad policiaca”, que atacaban al gobierno en turno por su “tiranía”, hoy manda a los policías uniformados, a esos que no han podido frenar la inseguridad en Veracruz, para que “revienten” una manifestación y rompan el bloque de una vía de comunicación. *** “¡Que sientan lo que yo sentí!”, pareciera estar penando. *** En los últimos siete días, México reportó 5 mil 903 casos nuevos y 70 muertes por Covid-19. De acuerdo con el informe técnico semanal de la Secretaría de Salud, al corte de este martes 18 de octubre, México acumula 7 millones 103 mil 339 casos positivos y 330 mil 279 defunciones a causa del virus. *** Los casos activos de Covid-19 continúan a la baja, hasta este día se tienen detectados 3 mil 333. Sobre los casos confirmados acumulados por estado, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 64 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país.
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