El Congreso no aprobará la Cuenta Pública 2021; Delia debe irse

Denuncias
Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) FOTO: FRANCISCO DE LUNA
- en Opinión

Edgar Hernández / Al quedar al descubierto la cloaca que impera en ORFIS en donde el tráfico de moches alcanza los mil millones de pesos, el Congreso del estado adelanta que no aprobará la Cuenta Pública 2021 que registra un daño patrimonial superior a los 3 mil 299 millones de pesos. 

El informe de ORFIS, ha resultado ser uno de los más polémicos que se ha entregado al Congreso local, ya que se da en medio de acusaciones de presuntos «moches» de parte de asesores para «limpiar» Cuentas Públicas, y contratación de despachos irregulares. 

Pone al mismo tiempo al borde de la renuncia a la auditora general del organismo Delia González Cobos, quien ante el cúmulo de evidencias en contra, se defiende señalando que los responsables de la corrupción en ORFIS son los recomendados de Morena que le fueron impuestos. 

El cínico reconocimiento no solo agrava la situación, sino que confirma la descomposición administrativa en el organismo que encabeza. 

Ya incluso su propia defensora en el Congreso, la diputada Citlalli Hernández Careaga, del Verde, quien dejó un pendiente sin comprobar de casi 11 millones de pesos cuando fue alcaldesa en el municipio de Tamiahua y fue perdonada por Delia, le retiró el apoyo. 

En igual sentido se han manifestado internamente el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros al igual que su mecenas Eleazar Guerrero, Subsecretario de Finanzas, quien sacó las manos del fuego. 

El propio Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Juan Javier Gómez Cazarín se ha negado a recibir a Delia hasta que no se tenga el dictamen final de sus irregularidades de parte de la Comisión de Vigilancia. 

Será el pleno del Congreso el que convoque a su retiro de ORFIS y la Comisión de Vigilancia la que interponga las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del estado. 

Esta determinación se produce luego de recoger el testimonio documental de al menos 30 de 34 alcaldes salientes que comprueban que presentaron en tiempo y forma, sus estados de cuenta ante ORFIS quien para consumar sus transas decidió archivarlos para en la víspera exigir el cooperas o cuello. 

Las cuotas o moches a alcaldes eran según el sapo la pedrada. Iban de 300 mil a un millón de pesos promedio. 

Uno de los casos más grotescos se dio en Jesús Carranza en donde debido al encarcelamiento del edil Pasiano Rueda y quedar al frente de la alcaldía su suplente Enrique Cruz Canseco, ORFIS decide entrar al quite. 

Envía a sus operadores para recomendar a Cruz la contratación de un despacho externo que limpiaría las cuentas cobrándole 2.5 millones de pesos, pero cuando Pasiano retoma la alcaldía meses después, de nuevo se presenta ORFIS para recomendar otro despacho de auditores con la misma tarifa de 2.5 millones de pesos. 

ORFIS ha manifestado que los 212 ayuntamientos tienen observaciones y que en 34 entes estatales se presume daño patrimonial. 

Por la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública se emitieron 3 mil 290 observaciones. 133 observaciones fueron en contra de entes estatales, por un monto de 189 millones 899 mil 820.84 pesos. 

Durante el proceso de Fiscalización fueron practicadas mil 012 auditorías algunas de ellas bajo sospecha por los moches que exigían los enviados de ORFIS, lo cual dio lugar al despido del Director Jurídico de ORFIS, 

Felipe de Jesús Martín Carreón, destapando la cloaca de corruptos ahí incrustados entre los que destaca Gerardo de la Fuente Rivera, Subdirector de Auditorías a Municipios. 

De parte del Congreso también hubo limpia. 

El diputado moreno Luis Arturo Santiago Martínez, raterazo consumado y presunto cómplice de Delia, fue relevado quedando como presidente de la Comisión de Vigilancia, Rafael Gustavo Faranoni Magaña, también representante de Morena. 

Fueron millones de pesos los que se “palomearon” dando lugar a actos de corrupción y tráfico de moches, así como la tosca maniobra de entregar las cuentas municipales a despachos contables consentidos -RBA, Contadores Públicos y Asesores y CARMO –cuyo propietario este último es Luis Leonel Díaz Figueroa- todos responsables de maquillar las cuentas. 

Las quejas de la verdulera Delia González Cobos, por tanto, dejaron de resultarle la tabla de salvación ante tanta evidencia de corrupción. 

Tiempo al tiempo. 

*Premio Nacional de Periodismo 

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