En diciembre de 2018 algunos colectivos de desaparecidos, encabezados por el Colectivo Solecito de Lucía Díaz, tomaron las instalaciones de la Fiscalía del Estado donde despachaba Jorge Winckler. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, les puso transporte y baños portátiles. Entonces Libertad bajo Palabra lo reportaba así: “En su afán por correr al fiscal Jorge Winckler, y ante las torpezas cometidas, pues por la vía legal no ha podido hacerlo, ahora empuerca a los Colectivos, no a todos, y lanza a supuestos miembros de Colectivos como ‘perros de presa’ para que le tomen las oficinas a Jorge Winckler”.
Y corrieron a Winckler, y pusieron a una fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns. Meses después el gobierno de Cuitláhuac García sacó de la cárcel al presunto genocida Arturo Bermúdez Zurita; Solecito y otros colectivos de búsqueda guardaron silencio. La tarde del viernes 9 de septiembre se llevó a cabo el Foro Informativo sobre el proyecto “Actualización de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz”.
Uno de los reclamos en este foro fue que la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns no se ha reunido con los familiares de desaparecidos, no lo ha hecho desde que llegó al cargo de fiscal. ¿Y qué esperaban? Tanto al gobierno federal como al gobierno estatal, los colectivos de búsqueda les sirven para legitimar su bondad y buen gobierno; para conseguir votos de los incautos. Pero ni a López Obrador ni a Cuitláhuac García le importan los desaparecidos ni los familiares de los desaparecidos.
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