Más que justicia, los 43 de Ayotzinapa serían lucro político

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / TAL VEZ no es correcto decirlo, por el dolor que la expresión causaría a los padres de las víctimas, pero es menester dejar claro que desde que asumió el poder la actual administración Federal, el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ha sido usado con afanes de lucro político, y aunque hace algunos años se dijo que no había indicios de que estuvieran con vida, se alentó, perversamente, una esperanza que finalmente, ante los más recientes acontecimientos terminó por ser sepultada. Aún se recuerda cuando en Mayo de 2018, en una visita a Iguala, Guerrero, el entonces aspirante Presidencial Andrés Manuel López Obrador prometió a los padres de los desaparecidos, en caso de ganar la Primera Magistratura del País, formar una Comisión de la Verdad: “debemos de conocer todo lo que aconteció, todo lo que tiene que ver con este caso tan triste y doloroso”, y en efecto así lo hizo, pero entre meter a la cárcel a otros adversarios, a delincuentes de cuello blanco e, incluso a quienes no se sumaron a su proyecto como la ex Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga (que por fin está en su casa), amén de las mañaneras descalificadores, giras y anuncios de obras fastuosas, el tiempo se fue consumiendo y los papás de los normalistas desaparecidos comenzaron a desesperar, e incluso dijeron sentirse engañados por el Jefe de las Instituciones Federales, y acaso los recientes acontecimientos como balaceras, quemas de autos, asesinatos e incendios de negocios en Baja California, Ciudad Juárez, Guanajuato, Jalisco y Colima, por solo mencionar algunas Entidades, dieron la puntilla para lanzar como novedad lo que ya se sabía, y que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez repitió, casi en las mismas palabras que el ex Procurador General de la República, ahora detenido, Jesús Murillo Karam hace varios años: no hay indicio alguno de que los 43 estudiantes desaparecidos en la Normal Rural de Ayotzinapa, hace casi ocho años, se encuentren con vida”, pues indicó que todos los testimonios y evidencias acreditan que los jóvenes fueron «arteramente» ultimados y desaparecidos, y aunque el Gobierno de Enrique Peña Nieto llevó a prisión a varios involucrados, finalmente, fueron liberados dizque por haber sido torturados, cuando en las cárceles es común esa práctica en contra de los adversarios en desgracia, no asi para los delincuentes a los que hay que darles abrazos y no balazos.

EN 2018, incluso, AMLO dijo que si se conocía la verdad, se iba a fortalecer la imagen del Ejército “como una institución al servicio del pueblo”, aunque ahora se sabe que, precisamente las fuerzas armadas tuvieron muchos que ver e, incluso, pudieron evitar la masacre, pues mantenían personal infiltrados entre los estudiantes, entre estos un soldado que, igualmente, fue secuestrado y desaparecido el día de los fatídicos hechos, pero todo este tiempo las actuales autoridades castrenses se mantuvieron en silencio. AMLO enfatizó en aquel tiempo: “es compromiso de que llegando se va a integrar esa comisión de la verdad porque debemos de conocer todo lo que aconteció, todo lo que tiene que ver con este caso tan triste y doloroso. No estoy de acuerdo con los que dicen que si se aclara lo que sucedió aquí en Iguala le va a afectar al Ejército, a las instituciones, no comparto ese punto de vista”, pero ahora se sabe que además de Jesús Murillo Karam un juez ha ordenado la detención de 20 “mandos militares y personal de tropa” por ese caso. Y es que desde finales de 2020, la Fiscalía traía en la mira “al menos a 30 militares” de los cuarteles de Iguala, pero hasta ahora el único militar detenido, que había tenido algún tipo de participación en el caso, era el capitán José Martínez Crespo. La Fiscalía lo acusa de delincuencia organizada. El juez ha pedido además la captura de 44 policías, 14 presuntos delincuentes, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, y cinco “autoridades administrativas y judiciales” del Estado de Guerrero.

Y AUNQUE la Fiscalía no ha informado de qué personas se trata, ni en el caso de los militares, ni en el de los policías, como tampoco de los presuntos integrantes de Guerreros Unidos o las autoridades de Guerrero, el anuncio ha ocurrido apenas horas después de la detención del ex Procurador Jesús Murillo Karam, primer encargado de las investigaciones del caso Ayotzinapa, entre finales de 2014 y principios de 2015, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, y tanto la detención de Murillo como el anuncio de las órdenes de detención ocurren apenas un día después de que el Ejecutivo presentara su informe sobre el caso Ayotzinapa, como si trataran de ocultar lo inocultable: el reclamo de Ken Salazar al Gobierno mexicano por no atinar a contener la ola de violencia en el País que tanto afecta a las inversiones, y que pone en riesgo muchos capitales extranjeros sujetos ahora al cobro de piso sin que las autoridades hagan nada, inmersos en su fallida política de abrazos y no balazos, mientras el País sigue desangrándose por la acción de los grupos delincuenciales que apenas la semana pasada sembraron el caos en diversos Estados, incluso en Veracruz donde fueron incendiadas dos patrullas de la policía Estatal con bombas molotov.

QUEDA CLARO, entonces, que más que hacer justicia a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa la fatídica noche del 26 y madrugada del 27 de Septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, situación a la que no fueron ajenos militares del 27 batallón de infantería de Iguala ya que nada hicieron para rescatar a sus infiltrados, la resolución del espinoso asunto pareciera otro montaje o distractor, a tal grado que los propios afectados se han negado a dar una opinión, pues prefieren analizar lo ocurrido conscientes de que los verdaderos culpables siguen gozando de cabal salud.

LO PEOR fue el sábado cuando Murillo Karam compareció ante el juez de control que lo imputó a proceso, y hasta tuvo que regañar públicamente a los fiscales del caso por la desorganización, falta de preparación y desconocimiento de la carpeta de investigación con lo que se procedería formalmente a la imputación. Las equivocaciones constantes por parte de los ministerios públicos en sus argumentos durante la diligencia, y el evidenciar desconocimiento del proceso del nuevo sistema de justicia penal causaron el enfado del juez Marco Antonio Fuerte Tapia, quien sin cortesías reclamó a los fiscales de la FGR por presentarse sin una preparación a ese proceso. El magistrado se dirigió de manera enérgica a los fiscales Lidia Bustamante y Sergio Navarro por la falta de contundencia en sus alegatos y por su desconocimiento del caso, por lo que amagó que «a la siguiente voy a requerir a sus superiores jerárquicos” por el desconocimiento del tema en un caso trascendental, lo que permite dilucidar que todo fue tan rápido, que parecieran las autoridades de la Fiscalía General de la República en coordinación con AMLO, habérselo sacado de la manga ante tanta presión. A ver qué pasa en los días por venir. OPINA [email protected]