Francisco Vargas / Cuando López Obrador buscaba por primera vez la Presidencia de la República, en algún momento pronunció la frase “al diablo con sus instituciones” cuando estás estaban bajo el mando de los que hoy se consideran oposición, ahora que las instituciones del Estado bajo su poder, no le quedaría más que vociferar “Al diablo con las leyes y el estado de derecho” ya que estas son las que hasta ahora son las que le han impedido llevar a cabo muchos de sus caprichos, los cuales violentan la Constitución de nuestro país.
Desde que a México se le reconoce como una República libre y democrática, no existe registro ni precedentes de violaciones tan graves a la Constitución, a las leyes y al Estado de derecho en general, como actualmente sucede con el gobierno en turno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Recientemente el gobierno federal, por órdenes del titular del ejecutivo, continuó con la destrucción de la selva maya en el sureste del país, para reiniciar la ejecución del tramo 5 del controversial Tren Maya, argumentando descaradamente que la obra tenía un carácter de seguridad nacional y justificar así la resolución judicial que dictó un juez federal que mantenía una suspensión definitiva en ese tramo en específico. Nada, ni nadie puede estar por encima de la Constitución, y son esas resoluciones de carácter judicial, emitidas en este caso, por un juez de distrito, las que se encargan de transmitir mediante su sentencia lo que ordena la Constitución, específicamente (por la naturaleza del conflicto) el derecho a un medio ambiente sano; artículo 4to constitucional párrafo quinto.
Por si desacatar una orden judicial y violar la Constitución fuera poco, sumémosle que en días pasados al brillante ingenio del Presidente de la República, se le ocurre incumplir un capítulo del T-MEC en materia de Energía, dándole facultades y atribuciones que no le corresponden a PEMEX y a la CFE, violando así acuerdos del Tratado y haciendo que tanto los Estados Unidos y Canadá, exigieran consultas para recalcar las obligaciones a las que el Estado mexicano está obligado.
Sin embargo, el desprecio por las leyes y la Constitución no termina ahí, ya que sin importarles la legislación electoral, diversos actores políticos (los cuales son servidores públicos en funciones) como Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, entre otros, han llevado a cabo diversos eventos proselitistas, considerados evidentemente actos anticipados de campaña, los cuales violan artículos como el 446 y 456, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Sin embargo, su descaro los rebasó y los gobernadores de Morena, aliados, senadores y dirigentes de la 4T, mostraron su desacuerdo contra las medidas cautelares del INE (las cuales fueron ratificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) mediante un comunicado en donde consideran imparcialidad de dicho instituto, pero que casualmente en ningún momento desmienten los señalamientos que este les hace, contra las ilegales actividades que llevan a cabo y mucho menos fundamentan su ridículo comunicado en algún precedente legal, sino sólo basan su escrito en un comunicado meramente ideológico, como todo lo que hacen, de ahí por qué tenemos este déficit de gobernabilidad, con resultados mediocres, y una crisis que cada día se acrecenta más en todos los sectores. Esas afirmaciones de que “el pueblo está por encima de todo” incluso de la misma ley, y que la justicia que ellos interpretan como autoridad, está por encima del derecho, ofende enormemente a todos los juristas que velamos por hacer cumplir la ley y el orden en este país, por eso es que poco a poco la frágil democracia que se tardó tantas décadas en construir se está derrumbando, y que cuando los electores que siguen apoyando y defendiendo ciegamente a este podrido régimen se den cuenta, será demasiado tarde.
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