Para tapar una mentira, se requiere otra, y de esa manera se pretende mostrar una realidad que sólo es una mentira. El caso del joven repartidor de alimentos y que resultó ser un estudiante del Tec de Xalapa, debería prender las alarmas; esto significa que cualquier ciudadano puede ser detenido y acusado por una fiscalía que, supuestamente «tras labores de investigación e inteligencia», lanza acusaciones a ciudadanos inocentes. El trabajo improvisado, desaseado y carente de rigor científico especializado de Verónica Hernández Giadáns, deja en evidencia a una funcionaria que nunca debió ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).
Por otro lado, el gobernador del estado, con tal de quedar bien con el presidente López Obrador, se apresuró y dio por sentado que el estudiante detenido efectivamente era uno de los asesinos de las periodistas acribilladas en Cosoleacaque. Es más, hasta se atrevió a felicitar el trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y de Verónica Hernández Giadáns.
Cabe mencionar la solidaridad de los compañeros de trabajo del estudiante mancillado y acusado falsamente. La presión de los familiares y de medios de comunicación críticos, finamente doblaron a una fiscalía que se había equivocado rotundamente. El caso tuvo impacto no sólo en el estado, sino también a nivel nacional y, además, varios medios extranjeros, incluido El País de España, dieron a conocer la pifia de las autoridades veracruzanas. A ver si con esto también reconocen que la recomendada de Éric Cisneros no tiene nada que hacer en la Fiscalía de Veracruz.
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