Solamente un ingenuo o iluso pudo creer que la Secretaria de la Función Pública (SFP) iba a encontrar evidencias que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al presidente Andrés Manuel López Obrador y sus familiares por probable conflicto de interés relacionado con la investigación periodística conocida como “La casa gris”. Sería como pegarse un tiro en el pie y ponerse de pechito ante una oposición que tiene bien puestos los ojos en la 4T.
Se sabe que la denuncia fue presentada por la senadora Xóchitl Gálvez (PAN) en la cual solicitó que se investigara el presunto conflicto de interés del Presidente y el empresario Daniel Chávez Morán. La denuncia señala que el pasado 13 de febrero el hijo mayor del Presidente, José Ramón López Beltrán, reveló que tras el escándalo de la “Casa Gris”, que trabaja en la empresa KEI Partners, propiedad de los hijos de Daniel Chávez, quien el Presidente había nombrado como supervisor del Tren Maya.
“No se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del Gobierno Federal”. La dependencia señaló que no tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la Administración Pública Federal, ni tampoco los actos celebrados fuera del territorio nacional, como los que se refieren en el escrito acerca de la empresa KEI Partners. Lo cierto es que palo dado ni Dios lo quita, y ese golpe mediático le ha salido muy caro al ejecutivo federal.
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