*La coalición opositora estaría en riesgo ante indagatorias
Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / AUNQUE EN otras circunstancias la iniciativa de Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral para transformarlo en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, no pasaría dado que se necesita mayoría calificada y MoReNa y sus aliados no la tienen ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, lo cierto es que los escenarios han cambiado, pues de acuerdo al Fiscal General del Estado de Campeche, Renato Sales Heredia, se está integrando una carpeta de investigación por enriquecimiento inexplicable contra el exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del PRI y diputado Federal que votó en contra de la reforma a la ley eléctrica del Presidente López Obrador, bajo el entendido de que sus ingresos como servidor público -regidor, diputado federal, senador y gobernador- “no representan ni la décima parte de lo que ostenta en bienes y propiedades”, y por ello no se descarta que en una negociación subrepticia, de esas que acostumbra el Movimiento de Regeneración Nacional, Alito sea presionado para que esta vez vote a favor de la reforma electoral de López a cambio de cierta clemencia. La reforma pretende reducir, además, el número de consejeros de 11 a siete que serían electos en Agosto mediante el voto ciudadano, además de que busca finiquitar a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) para que sea una sola instancia la que se encargue de las elecciones federales y locales, independientemente de reducir las cámaras alta y baja del Congreso de la Unión eliminando las curules plurinominales tanto de Senadores como de diputados Federales, además de aprobarse el voto electrónico y en el extranjero.
EN ESTE mismo espacio lo adelantamos el pasado lunes 18 bajo el título: “Van contra actores políticos anti reforma eléctrica”, y nos referimos al caso concreto de Moreno Cárdenas, de quien Renato Sales confirma que se integra una carpeta de investigación por enriquecimiento inexplicable, dando a conocer, entre otras cosas, que Alito, siendo Gobernador de Campeche compró por 100 mil pesos un polígono de 30 hectáreas de playas en Champotón, el cual donó a su madre, quien presuntamente vendió una parte a los empresarios de “Playa Esmeralda”. El registro catastral de esos predios fue de más 1 mil 262 pesos, es decir, cada metro cuadrado se compró en medio centavo, aunque además de la carpeta de investigación que le finca la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito, también hay otras investigaciones en el ámbito federal, aunque no precisa cuántas son, ni ante qué instancias.
EL FISCAL, ahora aliado de la Gobernador Layda Sansores dio a conocer que entre las propiedades atribuidas al líder nacional del PRI se encuentra un departamento en Polanco, en la Ciudad de México, así como casas en los fraccionamientos Country Club y Campeche Hills, y en ese contexto, Sansores San Román niega que se trate de una “vendetta política” (¿?) sino de un acto encaminado a hacer justicia, ya que el pueblo está harto del saqueo de los recursos públicos, y que entre los gobernantes emanados del PRI (su papá lo fue) siempre se aplicará esa máxima de “tapaos los unos a los otros”, algo que nadie le cree a la hija del célebre Carlos Sansores Pérez mejor conocido como “el Negro”, militante del PRI hasta su muerte el 21 de diciembre de 2005, y quien ocupó importantes cargos entre los que se encuentra el de diputado Federal y Senador por su Estado natal, habiendo presidido ambas cámaras. Gobernador de Campeche, director del ISSSTE y presidente nacional del PRI, y que se sepa, cuando murió era dueño de una gran fortuna. A Sansores Pérez se le ha señalado de haber sido el “padrino” de un poderoso grupo político en la Península de Yucatán, entre los que llegó a destacar el después gobernador de ese Estado, Víctor Cervera Pacheco, y fueron conocidos sus enfrentamientos mientras fue gobernador de Campeche con el entonces gobernador yucateco Carlos Loret de Mola Mediz (abuelo del periodista Carlos Loret), aunque la memoria de los, ahora, morenistas suele ser flaca.
ALITO, POR lo tanto, se encuentra entre la espada y la pared, y no es de dudarse que en esta ocasión la reforma electoral de López Obrador si sea aprobada por un grupo de priistas seguidores del campechano que de esa manera busquen salvarlo de un eventual desafuero por parte de la mayoría morenista para ser juzgado, en respuesta a la cerrazón que dejó muy mal parado al Presidente con su reforma eléctrica. En la Cámara de Diputados, para aprobar la reforma electoral se necesitan 334 votos de 500, sin embargo Morena y sus aliados tienen 277 curules. Mientras que en el Senado de la República, de los 128 votos necesita de 85, aunque ese bloque solo cuenta con 75 escaños. De mantenerse inalterable Alejandro Moreno, simple y llanamente no pasaría la reforma, pero si le pisan los callos es evidente que cederán los sufragios necesarios y AMLO se levantará, nuevamente como triunfador. Con la iniciativa, dice el Presidente, se busca “desterrar los fraudes” y que las elecciones sean limpias y libres, pero también se busca eliminar las diputaciones plurinominales en ambas cámaras, y fue el titular de aduanas, Horacio Duarte Olivares el encargado de asesorarlo, ya que implica modificaciones a 18 artículos constitucionales y siete transitorios para hacer más barato el costo de la democracia “que es un viejo reclamo de la gente, que se deje de estar gastando tanto dinero en elecciones”. Por ello entre los presentadores de la reforma electoral se encuentran el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el titular de Aduanas, Horacio Duarte, y el de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Pablo Gómez, quienes participaron activamente en la redacción del documento.
LOS DIAS por venir serán cruciales para el PRI pero, también, para los partidos que conforman la alianza opositora, entre otros el PAN, PRD y, probablemente MC, ya que nuevamente la Fiscalía General de la República y la de Campeche serán puestas al servicio del Presidente López Obrador para que alcance sus objetivos, ya que otro rechazo a una segunda enmienda constitucional lo dejaría muy mal parado, además de que no podría concretar una de sus venganzas más deseadas como es la eliminación del INE para sustituirlo por los INEC, y de paso borrar por decreto los nombramientos de los 11 consejeros que actualmente integran el instituto, algo que solo es posible en los regímenes totalitarios donde prevalecen las dictaduras sostenidas por el ejército y las fuerzas armadas, y nadie desea que México se encamine hacia esos escenarios. Ojalá Alito no ceda, y esta segunda propuesta de reforma electoral de López Obrador se quede en el intento, aunque no está mal una parte de la misma como es la desaparición de las plurinominales, lo que deberían replicar, incluso, los Estados. ¿Verdad Gómez Cazarin?. OPINA [email protected]
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