Deudas municipales y estatal

Sefiplan
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) FOTO: WEB
- en Opinión

Irineo Domínguez Méndez / Imposible negar que el Estado y municipios están endeudados por falta de probidad de los gobernantes electos y los funcionarios asignados en gobiernos pasados. Se ha dado a conocer los dimes y diretes entre el gobernador Cuitláhuac García y Javier Duarte; sobresaliendo de ellos las acusaciones y justificaciones que cada uno hace al otro en relación a la deuda contraída y no pagada. La deuda estatal, según datos del Ejecutivo, ascienda a “chorrocientos mil millones de pesos”; la deuda municipal, debe de rondar la misma cantidad. ¿Porqué creer que cierta cantidad dicha por los funcionarios representa el monto real de la deuda pública, sea estatal o municipal? El gobierno en turno informa lo que se le viene en gana; la oposición distorsiona la información real. Entonces, “a río revuelto, ganancia de pescadores”; cada quien maneja datos a conveniencia.

Es rescatable – de los dimes y diretes entre el gobernador y el exgobernador – conocer quiénes son los responsables del incremento de la deuda pública: “las administraciones pasadas”. Respuesta que se repetirá en cuanto llegue un gobierno nuevo y/o de otro partido diferente al que hoy ostenta el poder.

Lo criticable es la ausencia de resultados tangibles que indiquen la posibilidad de recuperar los recursos desviados o sustraídos de las arcas públicas y, además, que sirvan de pruebas para indiciar y procesar a los responsables. Éstos últimos, en términos generales, gozan del dinero del pueblo descaradamente; por ello, al incrementarse las deudas públicas, tendremos que pagar más y nuevos impuestos: ¡que se joda el pueblo! Sí, no es nada nuevo.

A nivel estatal las cortinas de humo impiden ver con claridad lo que acontece con el uso de los recursos públicos. No sucede lo mismo con las deudas municipales; las cuales están bajo los ojos visores del Orfis y del Congreso local. Sin embargo, los acuerdos políticos de las fracciones en el poder legislativo son capaces de cubrir acciones delictivas; así, los desfalcos realizados por presidentes municipales o, en su caso, los solapamientos de los incrementos de las deudas públicas por falta de pago quedan impunes.

Un ejemplo muy concurrido de lo antes comentado lo representa la falta de pagos de los laudos laborales. Las deudas han aumentado de manera irresponsable. Un ejemplo lo es Juchique de Ferrer; el monto por laudos de este municipio, se presume, rebasa los 30 MDP; debido a la irresponsable apatía y encubrimiento de los órganos citados con anterioridad: el Orfis y el Congreso local. Entes que se llevan entre las patas al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; el cual está limitado para ejecutar los laudos, si trata de un municipio protegido.

Respecto de Juchique de Ferrer, la semana pasada vimos a ciudadanos de ese municipio manifestarse en la Plaza Lerdo solicitando la intervención del gobernador en la defensa de sus derechos laborales; alegan ser exempleados despedidos injustificadamente; si tal hecho es cierto, este municipio perderá otro juicio laboral.

Los nuevos presidentes municipales enfrentan un desafío al intentar pagar o evadir pagar los laudos laborales. Por fortuna para ellos y desgracia de los trabajadores, los entes responsables de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los ayuntamientos brillan por su ausencia. La apatía los contagia y los ciega a conveniencia partidista y personal; los intereses de grupo o de a quien representan motivan soslayar se cumpla con las responsabilidades y, por ende, las leyes.

El gobierno en turno olvida el dicho: “el buen juez, por su casa empieza”. Los gobernados deseamos constatar la aplicación de la ley en los gobiernos morenistas como muestra de lo que sucederá a los gobiernos de oposición. De no ser así, los dimes y diretes solo son distractores que ocultan hechos inconfesables. El gobernador tiene la última palabra respecto a: “AL MARGEN DE LA LEY, NADA; POR ENCIMA DE LA LEY, NADIE.”.

Otro sí digo. – La Presidente del poder judicial concluirá su encargo el próximo mes de abril, al cumplir 70 años. Los togados debieran elegir un presidente más joven, que no esté “maleado” y que concluya su periodo.

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