SCJN también tiro delito de halconeo dirigido a reporteros

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / APAREJADO A la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, tanto en su primer párrafo que define la conducta sancionable, como en las fracciones 1, 2 y 4 que contienen las agravantes que elevan la pena de cárcel de 5 a 7 años cuando el ultraje a la autoridad conllevara amenaza o agresión que implicara violencia, lo que no permitía el derecho a la libertad bajo fianza del inculpado, pocos saben que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también anulo el artículo 371, fracción 2, del Código veracruzano que buscaba combatir el “halconeo” de presuntos grupos criminales sobre las actividades policiacas. El articulo anulado imponía 7 a 15 años de cárcel a quien “posea, porte o utilice, equipos de comunicación de cualquier tipo para acechar, vigilar o realizar cualquier acto encaminado a obtener y comunicar, sin un fin lícito, información a cualquier persona sobre las acciones, actividades o labores de los integrantes o elementos de las Instituciones de Seguridad Pública estatal o municipal”. En ese caso, la mayoría de ministros considero, nuevamente, falta de precisión en la redacción del delito, con un impacto desproporcionado sobre el gremio periodístico y sobre el periodismo que los ciudadanos ejercen ahora por medio de redes sociales (lo que ha permitido atajar infinidad de injusticias), de tal suerte que la Corte ya había anulado en 2015 un tipo penal similar que estuvo vigente en Chiapas. En suma, fue un doble golpe a los afanes autoritarios del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que insiste en una nueva reforma para castigar la agresión con violencia, como si ese ilícito no estuviera tipificado ya, pero el mandatario que se cree con todo el respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador considera que todo lo puede, acelerado por ese ex vendedor de automóviles al que todo le cree, y por el ingeniero agrónomo que cree que la ley es como sembrar camotes.

Y AUNQUE Cuitláhuac García dice defender a los periodistas, el artículo 371 era una afrenta al gremio que ante semejante reforma habría tenido que retornar a los tiempos de la libretita y la pluma, prescindiendo de cámaras de video, teléfonos inteligentes u otros aparatos que la modernidad exige, ya que al usarlos los propios reporteros o la sociedad se estarían convirtiendo en presuntos “halcones” cuando registraran un hecho y aparecieran uniformados. Pero ahora dice defender tanto a los periodistas que hasta regañó a la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas por denunciar que el comunicador sureño, Santos López estaría detrás del asesinato de su secretario particular, Octavio Acosta. Y es que la Presidenta Municipal, con la mayor ligereza, indicó que el sábado, el comunicador llamó a la ahora víctima para amenazarla de muerte, y el domingo por la tarde, delante de los escoltas de la alcaldesa fue atacado a balazos el joven funcionario, de 25 años, quien quedó tendido en el pasto, a unos metros de donde comerciantes y funcionarios estaban sacando sus pertenencias para dar paso a los trabajos de construcción de lo que será una unidad deportiva. Lo grave es que poco después del lamentable evento, Sánchez Vargas, señaló directamente al reportero Santos López Celdo como principal sospechoso, y pidió que fuera investigado por las autoridades.

POR ELLO el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez reprobó que la alcaldesa sayulense denunciara públicamente al periodista Santos López por su presunta relación en el homicidio del secretario particular de la alcaldesa, Octavio Acosta, pues indicó que se debe de respetar la libertad de expresión de los periodistas independientemente si se tienen sospechas sobre algún delito o si les caen mal, por ello recomendó realizar una rueda de prensa para que funcionarios aclaren a los comunicadores sus dudas. “Pero un señalamiento grave como éste, con todo respeto a la alcaldesa que probablemente se sentía hostigada por el comunicador, hizo así públicamente (la acusación), eso no se puede hacer, si tienes ciertas sospechas está la Fiscalía, acude a la Fiscalía”, exhortó. Más aun, el mandatario refiere que no se puede poner en riesgo la integridad de un periodista, pues se lesiona la libertad de expresión, y en ese sentido recomendó al comunicador Santos López acudir a reportar los hechos ante la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP).

LO QUE llama la atención es cómo García Jiménez recrimina a la Presidenta Municipal de Sayula por actuar con ligereza acusando a un periodista de ser el responsable del asesinado de su secretario particular, solo porque llegó antes que nadie al lugar de crimen, y acaso porque el comunicador le cae mal, pero el asunto podría equipararse a los señalamientos que hace el propio Gobernador Cuitláhuac contra la alcaldesa de Alvarado, Lizzette Álvarez, emanada del Partido Verde Ecologista de México, de quien dice que tiene una investigación abierta en la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en una reunión con miembros de la delincuencia organizada, cuando en todo caso el señalamiento lo debería hacer la propia Fiscalía y no el titular del Ejecutivo Estatal considerando que la dependencia es un organismo autónomo, o al menos eso es lo dice la ley. García Jiménez sostuvo hace unos días que la presunta reunión se habría llevado a cabo cuando Lizzette era presidenta municipal electa de ese municipio conurbado con Boca del Río, en la zona costera de Veracruz, por lo que reiteró: “Hay una investigación en curso sobre esta situación…es la probable responsabilidad por reuniones que sostuvo con personas que nosotros consideramos ligadas a la denuncia organizada”. Y uno se pregunta ¿Qué acaso la declaración del gobernador no pone en riesgo la integridad de la edil? ¿Qué no está violentando, acaso, el debido proceso de la alvaradeña?

Y ES que el Gobernador, aunque la edil sea culpable, no tiene por qué realizar acusaciones de semejante envergadura, por más que quiera imitar a su jefe el Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no es una autoridad de procuración de justicia y, mucho menos, judicial, sino el titular del Poder Ejecutivo que debe gobernar para todos, más allá de si son presuntos delincuentes, pues de acuerdo a la sentencia jurídica, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Qué bueno que mete en cintura a la alcaldesa de Sayula de Alemán, que tampoco es su responsabilidad sino del Poder Legislativo, pero que malo (y no la estamos defendiendo sino analizando las circunstancias) que acuse a la alcaldesa de Alvarado sin haber presentado hasta ahora, ninguna prueba, violando el debido proceso de la munícipe, más aun cuando la propia Fiscalía General del Estado mantiene silencio en torno al caso. Alguien, sin duda, debe aconsejar al Gobernador que los exabruptos a veces, también, son delitos. Así las cosas. OPINA [email protected]