Cuitláhuac busca asustar con el “petate del muerto”

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / EN UN afán de asustar con el “petate del muerto”, pero sin asumir que estaría cometiendo el delito de encubrimiento en caso de corroborarse su dicho, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez busca que la sociedad le suplique que deje intacto el delito de “ultrajes a la autoridad”, un instrumento que ha utilizado para la persecución y represión de sus adversarios, y en ese tenor “alerta” (con total desconocimiento de la ley) que al menos 40 jefes de plaza en Veracruz han sido detenido por el delito de ultraje a la autoridad, dando a entender que al derogarse ese ilícito podrían salir libres. Y luego, como si la sociedad fuera menor de edad o tarada, dice –aconsejado por el inculto diputado local, Juan Javier Gómez Casarín, una especie de gurú del mandatario, junto con el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos) que: “fue una de las formas (de detenerlos) porque estos jefes de plaza tienen armas (¿?) y agreden cuando vamos por ellos, es muy importante que nuestros elementos tengan un respaldo jurídico ante este tipo de agresiones, si no tuviéramos el delito de ultraje no pudiéramos hacerlo, les tienen miedo, hay temor, hay que agarrarlos en flagrancia y no se dejan agarrar” (no se dejan agarrar, vaya ocurrencia). Por ello García Jiménez habló de la importancia de contar con esa “arma jurídica”, la cual únicamente se modificó en el Código (Penal del Estado), pues recordó que el delito de ultraje a la autoridad ya existía desde el 2003 en la entidad. “Nosotros actualizamos que, el delito de agresión con armas se castiga, con la prisión preventiva oficiosa, así lo dice, ustedes pueden preguntar a tantos abogados” (y claro que lo sabemos, pero los seis jóvenes detenidos en Plaza El Tejar ninguno traía armas ni agredieron a la policía, según se observa en videos y les aplicaron ultrajes).

AHORA BIEN, resulta extraño que los llamados “jefes de plaza” detenidos por el Gobierno de Cuitláhuac solo estén acusados por ultrajes a la autoridad, cuando el propio Gobernador reconoce que portaban armas o, en todo caso, deben tener un expediente delictivo, casi siempre ilícitos del orden Federal como es portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, posesión de drogas, secuestros, extorsiones y un largo etcétera. Si eso es asi, y la Fiscalía Estatal no los ha consignado ante el ministerio público Federal y estos a su vez ante un juez del mismo fuero, se estaría cometiendo un delito, y acaso se estaría solapando que detenidos por delincuencia organizada solo estén presos por agredir a una autoridad. La versión, queremos creerlo de esa manera, suena más a cuento que a realidad, porque, insistimos, de otra manera el Gobierno de Cuitláhuac (por parte de la Secretaría de Seguridad Pública que debieron ponerlos a disposición de la autoridad competente) o la Fiscalía Estatal incurrirían en ilícitos.

DICE EL Código Penal Federal en su Libro Segundo, Título Vigésimo Tercero referente al Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24-01-2020), artículo 400 párrafo 111 que: -Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días de multa, al que: -Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe; VII. Desvíe u obstaculice la investigación del hecho delictivo de que se trate o favorezca que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. También el Código Penal Federal en el Título Cuarto referente a Delitos Contra la Seguridad Pública, en su Artículo 164 refiere que, al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días de multa. Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá, además la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión públicos. Artículo 164 Bis: Cuando se cometa algún delito por pandilla, se aplicará a los que intervengan en su comisión, hasta una mitad más de las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos. Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito. Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de alguna corporación policiaca, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes de las penas que le corresponda por el o los delitos cometidos y se le impondrá además, destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro.

IINSISTIMOS, LA delincuencia organizada no actúa sola, por eso es organizada, porque intervienen más de dos en un hecho delictivo; tampoco actúa sin armas, y comúnmente lo hace con artefactos poderosos de uso exclusivo del Ejército, y en ese tenor, cuando el Gobernador dice que hay 40 jefes de plaza en Veracruz que han sido detenido por el delito de ultraje a la autoridad, su versión mueve a risa, pero al mismo tiempo a preocupación porque si son de la delincuencia organizada debieron ponerlo de inmediato a disposición del fuero Federal, porque pareciera que se les está protegiendo, ya que esas personas ipso facto deberían estar en manos de una autoridad Federal, salvo que haya instrucciones de solo retirarlos un tiempo de la actividad para evitarle conflictos y ya, posteriormente, sean puestos en libertad.

AHORA QUE, si se trata de una salida para tratar de justificar la persistencia del delito de ultrajes a la autoridad argumentando que gracias a este fue posible capturar a 40 jefes mafiosos, el asunto suena a risa. Cuitláhuac, sin salida para fundamentar sus actos de represión contra los adversarios, estaría buscando asustar con el “petate del muerto”, creyendo que toda la sociedad es como la desea MoReNa: inculta, ignorante o analfabeta, en pocas palabas, instrumentos que asienten todo lo que les ordenan por unos cuantos pesos. Y es que basta haberlo escuchado cuando reconoce que hay políticos que están presos, pero mencionó que se les tiene una carpeta de investigación no sólo por delitos de ultrajes que fue lo que les permitió detenerlos, sino que hay otros temas legales que se les están imputando. O sea, a los políticos si, a los delincuentes no. Estos últimos solo están por ultrajes y podrían salir al derogarse el ilícito. Vaya amenaza del mandatario para justificar lo injustificable…OPINA [email protected]