Hugo Gutiérrez: lo delgado del hilo

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“Veracruz se ha visto envuelto en una crisis de legalidad”, advierte la magistrada Concepción Flores Saviaga en una carta dirigida a la opinión pública FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez / “Veracruz se ha visto envuelto en una crisis de legalidad”, advierte la magistrada Concepción Flores Saviaga en una carta dirigida a la opinión pública. *** “Hoy Veracruz es referencia nacional en temas alusivos a la ausencia de justicia como resultado de instituciones que no cubren las expectativas de los justiciables”, se lamenta la magistrada. *** “Nos enteramos del cierre de juzgados locales con la escueta justificación de que no eran productivos, cuando lo que se requiere es mayor presencia de infraestructura que imparta justicia a los más de ocho millones de veracruzanos”, advierte Flores Saviaga. *** “Acabamos de atravesar por una aberrante crisis financiera ante un déficit de cerca de 500 millones de pesos”, recuerda la magistrada y apunta que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero, y el propio gobernador Cuitláhuac García han desviado la atención pública en acciones de supuesta austeridad” y pasan por alto lo que ordena la Constitución de Veracruz en materia de presupuesto para el Poder Judicial. *** La magistrada se dice convencida de que con la participación de los profesionales del derecho están a tiempo de reivindicar la fortaleza de la institución judicial. *** ¿Qué esperan los abogados de Veracruz? 

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La recomendación 146/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, instruye: “colaborar ampliamente con la autoridad investigadora, en la presentación y seguimiento de la queja que esta Comisión Nacional presente en la Contraloría General del Estado de Veracruz, en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 (todos ellos policías estatales) y demás personas servidoras públicas de la SSPV (Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz) involucradas, por los hechos y observaciones de la presente Recomendación, y se remitan en su oportunidad las constancias con que se acredite su cumplimiento”. 

Como se recordará, este suceso marcó el inicio de las hostilidades entre el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del senado, Ricardo Monreal, y el gobernador de Veracruz. A pocas horas de haber conseguido, mediante un amparo, la liberación de los seis jóvenes, fue capturado en el estado el secretario técnico de la Jucopo del Senado, José Manuel del Río Virgen, a quien le atribuyen responsabilidad en el homicidio de quien fuera candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cazones, René Tovar. 

A los reclamos de Ricardo Monreal se sumó la severa postura del senador veracruzano Dante Delgado Rannauro, quien anunció que iniciaría el procedimiento jurídico para declarar la desaparición de poderes en el estado de 

Veracruz, en virtud de que “hay una crisis en la división de poderes, en su independencia y en su capacidad de decisión”. 

El diferendo ha obligado a la intervención del propio presidente, quien recurrió al manido discurso de que Cuitláhuac García “es un gobernador honesto”, y a la participación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. 

La opinión generalizada entre los analistas políticos del país, es que Del Río Virgen será puesto en libertad, con la intervención del Poder Judicial Federal, y que, para evitar que las investigaciones iniciadas en el Senado tengan consecuencias contra Cuitláhuac García, éste tendrá que sacrificar algunos de sus peones. 

El eslabón más débil en todas estas historias, es el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado. 

Y es que su propia presencia en ese cargo contraviene una de las tendencias más marcadas del gobierno de López Obrador: la de dejar en manos de las fuerzas armadas el tema de la seguridad pública. 

Apenas el pasado mes de diciembre, la nueva gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, declinó a su intención de colocar al frente de la secretaría de Seguridad al civil Iván Carpio (quien había sido coordinador de la unidad especializada en el combate al secuestro, en la Fiscalía estatal); terminó aceptando la “recomendación” del gobierno federal y designó al general de División Diplomado del Estado Mayor Presidencial, Gilberto Landeros Briseño. 

Es un hecho recurrente: cada que hay cambios en administraciones estatales, el gobierno de López Obrador se apresura a “sugerir” que la responsabilidad de la seguridad en ese territorio recaiga en un militar. 

Si el nuevo gobernante se niega a aceptar dicha recomendación, puede irse despidiendo del apoyo federal en materia de seguridad. 

En mayo del 2020, López Obrador advertía: “Aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, seguiré insistiendo en que las fuerzas armadas nos deben ayudar en tareas de seguridad pública”, porque “necesitamos su disciplina y profesionalismo para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia y no quiero que la Guardia Nacional (GN) termine como la Policía Federal, porque sería un rotundo fracaso”. 

Sin embargo, está tan amarrado con sus jefes el actual titular de la SSP, que con seguridad habrán de ofrecerle una “salida digna”, o una posición de privilegio, de esas en las que cobran mucho y hacen poco. 

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Epílogo. 

Regresar la dignidad, los valores y la prosperidad que en los últimos años se han perdido, ese es el compromiso de Ignacio Morales Guevara al frente del ayuntamiento de Altotonga. *** El pasado 31 de diciembre, durante la ceremonia de toma de protesta, Nacho Morales afirmó que su disposición es al trabajo y a la cercanía con la sociedad. Aclaró que en su ánimo no está el revanchismo y, por lo tanto, no barrerá hacia atrás, “ya que es momento de terminar la confrontación política y trabajar en una agenda común por el bien de Altotonga”. *** En el evento estuvieron presentes el Diputado Federal José Yunes Zorrilla, y su padre, 

José Yunes Suárez a quienes reconoció sus enseñanzas. *** Como era de esperarse, a partir de su desastroso desempeño al frente de la alcaldía de Juchique de Ferrer, Lizbeth Emilia Portilla no se presentó a la ceremonia oficial de toma de protesta al nuevo alcalde Cruz Cuevas Hernández. Tampoco acudió la tesorera. *** En el interior del Palacio Municipal, lo que encontraron el nuevo alcalde y su equipo de trabajo, fue total desolación, mobiliario destruido y ningún documento que diera luz sobre el destino de los recursos municipales. *** La auditoría que hará la nueva administración municipal sacará a la luz muchas irregularidades que serán motivo de acciones de carácter penal. *** En Misantla, Javier Hernández Candanedo, asumió una vez más la presidencia municipal, con lo que se convierte en el primer ciudadano de ese ayuntamiento en ocupar en más de una ocasión ese encargo. *** “Se acabó la corrupción, llegó a Misantla la transformación que da resultados. Este gobierno estará fundamentado en principios, valores y causas: por el bien de México, primero los pobres y por el bien de Misantla también” anunció. *** En los últimos tres días de 2021, el número de casos confirmados de Covid-19 se duplicó, ya que mientras el miércoles 29 de diciembre fueron 5 mil 290, para el viernes 31 la cifra llegó a 10 mil 037, y el promedio de ocupación de camas con ventilador a escala nacional fue de 11 por ciento. *** Según el Sistema de Información de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), de la Secretaría de Salud, el viernes se dio a conocer que sumaban 3 millones 979 mil 723 casos desde que inició la pandemia y 299 mil 428 defunciones, 143 más que el jueves. 

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