Abogados respaldan a senador Monreal; delito de ultrajes violenta derechos humanos

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El delito de ultrajes a la autoridad incorporado al Código Penal de Veracruz representa un atentado contra los derechos humanos y, por ello, debe ser revocado por parte del Congreso del Estado FOTO: JUAN DAVID CASTILLA
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Juan David Castilla / Xalapa, Ver. El delito de ultrajes a la autoridad incorporado al Código Penal de Veracruz representa un atentado contra los derechos humanos y, por ello, debe ser revocado por parte del Congreso del Estado.

Así lo consideró el presidente de la Barra de Abogados de Xalapa, Octavio Ruiz Martínez, quien añadió que los litigantes se esta entidad respaldan al senador Ricardo Monreal Ávila, quien desde el Senado de la República emitió un exhorto a los legisladores veracruzanos para que eliminen dicho ilícito.

«Es una figura totalmente represiva la que se está utilizando en contra de los ciudadanos. Fue muy importante y oportuna la intervención del senador Monreal, en la que también tomó cartas en este asunto al ver que esta figura jurídica no es aplicable».

Recordó que bajo esa figura, policías municipales y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) han cometido una serie de atropellos contra la ciudadanía.

«La policía a veces interpreta mal una reacción de los ciudadanos en el momento que es detenido, a criterio del policía lo ponen a disposición de la fiscalía, los fiscales lamentablemente integran indebidamente las carpetas de investigación, sin hacer un estudio profundo sobre los hechos, únicamente la consignan al vapor, lo vinculan a proceso y los jueces de control, sin estudiar a fondo el asunto determinan y les dictan una prisión preventiva oficiosa», relató.

El especialista indicó que en todos los casos de personas señaladas por dicho delito han sido encarceladas, situación que es reprobable.

Cabe recordar que, después de que el senador Ricardo Monreal intervino, se logró la liberación de seis jóvenes en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, que habían permanecido en prisión durante cuatro meses y a quienes no lograron comprobarles el delito de ultrajes a la autoridad.

Ruiz Martínez indicó que, cuando presuntos delincuentes agreden a los policías, los afectados tienen la posibilidad de proceder legalmente por el delito de lesiones.

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