El gobierno de López Obrador ha vendido a los mexicanos tres obras monumentales con las que piensa dejar su marca en la historia de México: La refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. Ante la insistencia de los medios que dieron a conocer el mal manejo de los recursos de estas obras, por ejemplo, se dieron contratos a empresas fantasma en las obras del aeropuerto. Ante esa revelación el presidente, para no tener más sorpresas, decidió que sus tres obras eran de carácter de seguridad nacional, por lo que quiso blindar la información para que los medios de investigación o las ONG no anduvieran hurgando en los gastos y así poder avanzar sin contratiempos.
A ese movimiento presidencial se le llamó el “decretazo”, una imposición a todas luces inconstitucional, pero que a pesar de ello tuvieron el descaro de publicarla en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, la tarde de este martes 14 de diciembre, un ministro de la Suprema Corte de Justicia puso un alto a las intenciones del presidente.
De esta manera se concedió al Instituto Nacional de Acceso a la Información, la razón, quien alegaba que la medida presidencial era inconstitucional, pues “provoca indudablemente inseguridad, incertidumbre e impredictibilidad jurídica”. Por lo mismo, desde este momento deja de surtir efectos el acuerdo con el que fueron clasificados como de seguridad nacional los proyectos prioritarios del gobierno federal.
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