Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / MUY PRONTO la Fiscalía General de la República se percató que en México el oficio de “sapo” o delator, además de deleznable es terriblemente comprometedor por esa costumbre del “sálvese quien pueda”, y en aras de ello cualquier sujeto –como Emilio Lozoya Austin- estaría dispuesto a empinar hasta a su familiar más cercano con tal de evadir la cárcel. Y es que todo parece indicar que la FGR perdió su esencia como instancia investigadora para integrar sus carpetas, recurriendo ahora a las ocurrencias de quienes están dispuestos a entregar a sus amigos para evitar ser juzgados pese a las evidencias que los comprometen como delincuentes de cuello blanco, y en ese tenor, este miércoles el órgano autónomo Federal encargado de investigar y perseguir los delitos Federales se vio precisado a reconocer que “ninguno de los imputados del caso Odebrecht ha cumplido con los requisitos para tener un “criterio de oportunidad”, por lo que debe terminar el beneficio de Emilio Lozoya Austin como testigo colaborador en la acusación que enfrenta e ir a prisión como cualquier malhechor. Por ello el MPF anunció que formalizará los cargos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa contra Lozoya Austin, de tal suerte que a la petición de la dependencia se sumó Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y en ese tenor, el Juez de Control, José Artemio Zuñiga Mendoza decretó prisión preventiva necesaria a Emilio Lozoya ante el riego de fuga argumentado por la Fiscalía General de la República, por lo que, finalmente se le cambian las medidas cautelares y desde miércoles quedó preso en reclusorio Norte, allí donde también se encuentra otro corrupto confeso: Javier Duarte de Ochoa ex Gobernador de Veracruz.
Y ES que los riesgos de fuga de Lozoya Austin era evidentes, ya que según la FGR, el inculpado cuenta con dos millones de euros y tiene familiares fuera del País, entre ellos su esposa Helena Eckes, quien radica en Alemania, además de una red de amigos que le podrían ayudar a evadir la justicia, ya que la medida cautelar otorgada desde Julio de 2020 hasta este miércoles al ex funcionario peñista que ha declarado contra sus ex compañeros de gabinete pero sin presentar prueba alguna, le permitía libertad para desplazarse en la zona conurbada con la obligación de firmar lista de procesados cada quince días y portar un brazalete electrónico. Sin embargo, Lozoya podría volver a darse a la fuga. A Lozoya Austin le quitaron ciertos privilegios desde su arribo al reclusorio Norte, pues tuvo que descender de una camioneta como cualquier mortal y caminar hacia la zona de juzgados a la vista de decenas de reporteros, fotógrafos y camarógrafos, ya que las autoridades le negaron la dispensa de pasar directamente al edificio judicial, como había solicitado la defensa a fin de evitar las imágenes. Tampoco se le permitió entrar con escoltas. Sólo lo acompañaban su abogado Miguel Ontiveros y otras dos personas. Y aunque trato de ingresar rápidamente al área de juzgados fue abordado por periodistas que le hacían todo tipo de preguntas que se negó a responder, aunque aun mostraba la seguridad de que la libraría.
COMO FUERA, el privilegiado –que tuvo la osadía de exhibirse en público en una cena en uno de los restaurantes más caros de la ciudad de México desafiando a todos, incluso a la FGR y al propio Presidente Andrés Manuel López Obrador por cuyas instrucciones gozaba de privilegios siempre y cuando empinara a sus ex compañeros de gabinete, incluido el ex Presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda-, recibió como balde de agua fría la exigencia de la Fiscalía General de la República para que se le decretara prisión preventiva justificada en su contra. Y es la dependencia acusa a Lozoya de haber usado su petición de criterio de oportunidad para “dilatar y obstaculizar el proceso en su contra”. “No ha tenido la más mínima intención de reparar el daño, lo cual era un requisito indispensable”, ha indicado la dependencia ante el juez, además de que también lo acusa de contar con una red de protección con amplio poder económico y “prueba de ello son las fotos” del exfuncionario comiendo, “con poco pudor procesal”, en un restaurante de lujo en Las Lomas de Chapultepec de la CdMex. Por ello y otras razones, la instancia solicitó el encarcelamiento inmediato del exfuncionario debido a que Lozoya cuenta con 2 millones de euros en una cuenta de una empresa “offshore” procedentes de Odebrecht, recursos que mantuvo ocultos y con los cuales puede darse a la fuga. Pero con base en los derechos a la defensa y debido proceso, el juez había autorizado dar un mes de prórroga al exdirector de Pemex para el cierre de la investigación complementaria en el caso Odebrecht, y pidió a la FGR que agote los medios para obtener ese dato de investigación que falta, pero la decisión fue variada de ultimo momentos y el ex funcionario dormirá esta noche en prisión.
AHORA BIEN, ser un “sapo” es ser un soplón, un delator, un traidor. Es una palabra que no está vinculada únicamente a la jerga de los narcotraficantes, sino que es de uso común y entendida en la mayoría de Colombia y ahora en el México colombializado, aunque algunos justifican ese comportamiento argumentando que no se trata de ser sapo, chivato o soplón, sino de una norma elemental de convivencia que nos llama a colaborar con las autoridades por el simple hecho de facilitarles la misión de velar por nuestro bienestar. Sin embargo, en el caso de Emilio Lozoya se trata de un acto de cobardía, ya que como bien dice la Fiscalía General de la Republica, no ha cumplido con los requisitos para tener un criterio de oportunidad, por lo que debe terminar el beneficio como testigo colaborador en la acusación que enfrenta e ir a prisión como cualquier delincuente común.
APENAS EL 11 de Octubre, el Presidente López Obrador consideró que fue inmoral, provocadora y una imprudencia la presencia de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos y testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), en un restaurante de lujo en la Ciudad de México durante el fin de semana. “Es legal, pero es inmoral que se den estas cosas, es una imprudencia por decir lo menos, un acto de provocación porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, una gente que recibe un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior incluso desde Calderón”, aunque por lo visto no ha cumplido ni lo hará y por ello merece, sin duda, terminar no en el reclusorio Norte sino en un penal Federal de alta seguridad como escarmiento para otros sapos que buscan evadir la ley empinando hasta a sus familiares más cercanos. OPINA carjesus30@hotmail.com