Próximo a salir, Duarte estaría en la mira de la FGE

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / ALGO DEBE estar tramando el Gobierno del Estado luego de que abogados de Javier Duarte de Ochoa anunciaron que el nefasto ex gobernador podría solicitar su libertad en los próximos días, toda vez que ya cumplió la mitad de la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, situación que le abre la posibilidad para acceder al beneficio de la libertad condicional. Y es que de pronto dos hecho vuelven a revivir los escenarios de corrupción que se vivieron en aquel infausto sexenio: 1.-La detención el pasado 10 de este mes del ex Secretario de Finanzas en la parte final de esa administración, Antonio Gómez Pelegrín, quien había conseguido ampararse en Mayo pasado para evitar que se ejecutara la orden de captura en su contra, y el dictamen del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que ordena a Mauricio Martín Audirac Murillo, también, ex Secretario de Finanzas con Duarte, para que devuelva 944 millones 398 mil pesos al erario, pues el ex funcionario, según el órgano de justicia Federal, ocasionó un daño a la Hacienda Pública por ese monto derivado de irregularidades en el pago de la nómina a maestros de la Entidad. Y es que, como bien se recuerda, Audirac Murillo fue detenido el 29 marzo de 2017 en Puebla, en un operativo conjunto entre agentes de la Agencia Estatal de Investigación y de la Fiscalía General del Estado acusado de desvío de fondos durante la administración del ex gobernador, actualmente inquilino del reclusorio Norte, además de que es persona de interés en el proceso de desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular de Veracruz durante el ejercicio fiscal 2014, ya que está relacionado en el caso que se sigue contra el ex director del Seguro Popular, Leonel Bustos, al haber solicitado trasferencias entre el 28 de noviembre y 16 de diciembre de ese año por 2 mil 300 millones de pesos para ser utilizados en “instrumentos financieros”, según consta en la carpeta de investigación. Audirac Murillo, junto con el ex tesorero Tarek Abdalá Saad, autorizaron el desvío de al menos 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular a cuentas del Gobierno de Veracruz, según se cita en la carpeta de investigación que tiene vigente la Fiscalía General del Estado. La indagatoria indica que Audirac y Antonio Tarek Abdalá Saad estuvieron involucrados en el desvío de esos fondos, junto con él, entonces, director administrativo del Seguro Popular en Veracruz, Jorge Shadid. El esquema del desvío era la coordinación entre los tres funcionarios y sin permitir al titular del Seguro Popular en ese momento, Leonel Bustos, tomar decisiones al respecto. En ese contexto, Audirac solicitó vía oficio el 28 de noviembre del año 2014 a Leonel Bustos transferir 1 mil 200 millones de pesos a la cuenta de Banorte número 0729001058 y lo explicó con una supuesta inversión.

POR SU parte, Gómez Pelegrín es señalado de haber realizado pagos a empresas fantasmas y de desviar recursos, por lo que fue detenido en Xalapa y trasladado a los juzgados de Pacho Viejo para su audiencia, donde un juez de control le dictó prisión preventiva de un año en tanto se cuadra la sentencia. Pelegrín es acusado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal, ya que siendo el último secretario de finanzas del exgobernador en prisión, fue señalado de haber realizado pagos a empresas fantasmas y de desviar recursos etiquetados a otros rubros diferentes, y aunque había conseguido ampararse en mayo pasado para evitar que se ejecutara la orden de detención en su contra decidida en 2019, finalmente fue detenido, y en aras de salvarse, aceptó que durante el tiempo que estuvo en la dependencia fue práctica común que se utilizaran recursos de fondos federales para fines distintos a los que estaban etiquetados, pero que “todo lo hacía por indicaciones de Javier Duarte”.

LO CIERTO es que Javier Duarte dejó el cargo de gobernador el 12 de Octubre de 2016 debido a las fuertes presiones ejercidas en su contra desde la Federación, 48 días antes de finalizar su mandato, convirtiéndose en prófugo de la justicia cuando un juez dictó una orden de captura en su contra. Tras seis meses de búsqueda fue detenido el 15 de Abril de 2017 en la recepción de un lujoso hotel de Panajachel, en el departamento de Sololá, Guatemala, y posteriormente extraditado a México, y aunque en Noviembre de 2019 un tribunal federal le concedió un amparo anulando un proceso en su contra por peculado (malversación de fondos públicos) por 220 millones de pesos. Pese a esa victoria judicial, Duarte ya había sido condenado a nueve años de prisión en septiembre de 2018 tras declararse culpable de los delitos de asociación delictiva y lavado de dinero, aunque sobre su persona pesa el señalamiento de la quiebra del estado cuya deuda creció en 1 mil 454 millones de dólares entre 2010 y 2016.

DECIA NAPOLEON Bonaparte que las cabezas que sobresalen son las primeras en rodar, y los abogados de Duarte mostraron antes de tiempo y tono triunfalista que el ex Gobernador podría salir en breve de prisión, cuando en el País se ventilan casos de corrupción que no dan lugar a excarcelar a uno de los arquetipos de la polución de este País, y menos cuando se sabe que en contra de Javier Duarte existen otros procesos e investigaciones iniciadas desde hace varios años pero que, por diversas circunstancias, se encuentran atorados y sin mayores resultados en instancias judiciales de la Entidad, lo que aviva la sospecha de que financió la primera campaña de Cuitláhuac García Jiménez a la Gubernatura que perdió ante Miguel Ángel Yunes Linares. Hasta donde se sabe, Duarte de Ochoa tenía abiertos dos procesos penales por delitos de corrupción además del caso Federal de lavado de dinero, además del desvío de más de 200 millones de pesos destinados para obras hidráulicas.

POR SI fuera poco, en Junio de 2018 un juez del Estado le giró una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en omisiones que facilitaron y encubrieron la desaparición forzada de varios jóvenes a manos de la policía estatal, esto entre los años 2013 y 2014. Aunque se trata de un delito que sí es grave, este proceso no ha podido siquiera iniciarse ya que México requiere de la autorización de Guatemala –país que extraditó a Duarte– para iniciarle un proceso por un delito distinto al de la lista inicial de ilícitos por el cual reclamó su entrega. El proceso diplomático para tratar de conseguir dicho aval ha retrasado cualquier avance. La FGR también tiene en curso una carpeta de investigación por posibles delitos fiscales en contra del exgobernador y de su exesposa, Karime Macías, pero la misma sigue en integración sin mayores resultados pero, además, hay 35 carpetas de investigación a nivel federal en contra de la administración que encabezó por malos manejos y presuntos desvíos de más de 50 mil millones de pesos que, hasta la fecha, siguen desaparecidos, por lo que uno se pregunta: ¿la detención de Gómez Pelegrín y la exigencia a Audirac para que devuelva 944 millones 398 mil pesos al erario, no serán preludio de algo serio encaminado a Duarte? A ver que pasa. OPINA [email protected]