Como habíamos informado oportunamente, el caso de Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, tiene que ver con un fraude cometido en los penales federales, particularmente en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Por medio de contratos y recursos a empresas fantasmas, Álvarez Puga y Gómez Mont lograron desviar 2 mil 950 millones de pesos. Para llevar a cabo esta estafa, el matrimonio estuvo coludido con funcionarios de este organismo.
Es por ello que, a solicitud de la Fiscalía General de la República, un juez giró órdenes de aprehensión en contra de 10 de los implicados, incluido Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Otros que también están siendo buscados son Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.
El caso del matrimonio Gómez Mont demuestra que el fraude con empresas fantasma ocurre cuando hay colusión con funcionarios que se prestan para este tipo de corrupción.
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