Eso es lo que ocurrió en Salamanca, Guanajuato, donde gente del Cártel Jalisco Nueva Generación mandó una bomba al restaurante familiar Barra 1604. 50 mil pesos semanales pedían los extorsionadores, es decir 200 mil pesos mensuales para dejarlos operar sin ningún contratiempo. La denuncia la hicieron los socios desde hace 7 meses a la Fiscalía estatal, y desde entonces padecían este tipo de extorsión.
Se entiende que el restaurante se negó al pago y por ello la represalia del ataque con una bomba. Pero el gobierno federal insiste en su política de abrazos, mientras que los delincuentes siguen con su política de bombazos.
