Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
“- Préstame 500 para terminar el año. –Tengo 200, tú dices, ¿los tomas o los dejas? Pues ya qué, peor es chile y agua lejos”. *** Con seguridad fue en otro tono, pero en resumen ese fue el diálogo entre la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero, y el secretario de Finanzas del gobierno estatal, José Luis Lima. *** De muy poco sirvió que se pusiera de rodillas la titular del Poder Judicial frente al gobernador del estado. Si, como dijo, necesitaba 500 millones de pesos para cubrir los compromisos del año, 200 millones no le van a servir, y ya no tiene de dónde sacar más recursos. *** ¿Y los responsables de este quebranto? Es el organismo encargado de impartir justicia el que pasa por esta crisis financiera, y no es capaz de ponerles nombre y apellido a los culpables, a los que desvalijaron las arcas del Tribunal Superior de Justicia, a los que hipotecaron los presupuestos de ese poder por 25 años, a los que aceptaron, en el colmo de la sumisión, que les recortaran sus partidas anuales *** El Poder Judicial se merece lo que está sufriendo, por esa actitud comodina que asumen cada que hay cambio de gobierno, respaldando todo lo que les “sugiere” el Poder Ejecutivo, con la esperanza de que no se vean afectados sus intereses. *** Ahí están los resultados.
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Nunca tan oportuno aquel dicho popular: “Que se haga la ley en los bueyes de mi compadre”.
Apenas en marzo del presente año, luego de que fuera ratificada como Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHV), la doctora Namiko Matzumoto Benítez recibió en sus oficinas la visita del gobernador Cuitláhuac García, quien aprovechó la ocasión para reconocer el desempeño de la titular de ese órgano autónomo y marcar la pauta sobre el comportamiento de su administración en materia de respeto a las garantías ciudadanas:
“Que el Congreso del Estado haya vuelto a confiar este organismo al equipo de la Doctora, deja en claro que se ha hecho un buen papel. Hay retos siempre, pero lo hacen bastante bien, todos les tenemos respeto y nosotros queremos ir dejando atrás un historial de que se daba poca atención a los derechos humanos”.
Cuitláhuac García, un gobernador surgido de la lucha social, sabe muy bien lo que es padecer los abusos de la autoridad, especialmente cuando se ejerce el derecho a la libre manifestación de las ideas.
En más de una ocasión el actual gobernador fue violentado por elementos de la policía estatal, con el fin de reprimir sus expresiones de protesta.
Por eso llama especialmente la atención que la policía estatal, a cargo del regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado (con antecedentes de denuncias por actos represivos en los estados de Coahuila y Nuevo León) dedique buena parte de su tiempo y de su personal operativo a la represión de movimientos ciudadanos que reclaman la atención del gobierno de Cuitláhuac García.
Han reprimido a maestros, a transportistas, a pobladores de comunidades humildes, cuyo peor pecado ha sido impedir de manera temporal (hasta conseguir que algúna autoridad les preste atención) alguna vía de comunicación.
Nada que no haya hecho en sus tiempos de agitador social el actual gobernador.
Este miércoles los granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública dispersaron con el uso de la fuerza (un contingente que superaba en número a los manifestantes, pero que además recurrió a las macanas, los toletes y el gas lacrimógeno) a pobladores de la comunidad de El Castillo, municipio de Xalapa, y se llevaron detenidas a tres personas, incluyendo a don Lucio Luna Hernández, representante ejidal.
Desde las 9 de la mañana los habitantes de El Castillo se movilizaron para exigir la reconstrucción de un puente que colapsó con el paso del huracán “Grace” (¿dónde están los recursos que antes entregaba el Fonden?) y para ello bloquearon la circulación en la vía Antonio Chedraui Caram, que conduce a la congregación de El Castillo.
A la agresión de los granaderos, los pobladores respondieron lanzando piedras y palos.
El comunicado oficial refiere sobre los hechos:
“Cabe destacar que el operativo de desalojo y liberación vehicular se realizó en cumplimiento estricto de la ley y tuvo saldo blanco, sin daños a terceros; asimismo fueron detenidas dos personas por alterar el orden público”.
Las autoridades pretendían que, con la promesa de iniciar “en un mes” la construcción del puente, los manifestantes suspendieran su movimiento lo que –por supuesto- no fue aceptado.
Más tarde, para reclamar la liberación de sus compañeros, los habitantes de El Castillo tomaron las instalaciones de la Comisión Municipal de Agua y ante la posibilidad de que bloquearan la carretera Xalapa-Alto Lucero, los granaderos se instalaron en esa vía de comunicación.
El conflicto terminó cuando las autoridades municipales y las del estado aceptaron dialogar con los pobladores y buscar soluciones a sus demandas.
¿Era, entonces, necesario el uso de la fuerza?
La Secretaría de Seguridad Pública se hizo acreedora a 16 recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el 2019. Al año siguiente el número de recomendaciones subió a 26.
¿A eso se refiere el gobernador cuando habla de “dejar atrás un historial de que se daba poca atención a los derechos humanos”?
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Epílogo.
A propósito de la celebración, este miércoles del Día del Periodista (sí, uno más), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social de 2018, conocida como la “Ley Chayote”. *** Los ministros estimaron que dicha ley otorga al gobierno federal una “enorme discrecionalidad” para ejercer su gasto en difusión, con lo que se concedió un amparo en revisión a la organización Artículo 19. *** Para los ministros, el argumento de Articulo 19, en el sentido de que la citada Ley atenta contra la libertad de expresión al no contener criterios claros y objetivos sobre ejercicio de gasto público en materia de comunicación social, “es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal”. *** El efecto del amparo es que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación establecida en el artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 y, en consecuencia, debe subsanar las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social antes de que finalice el siguiente periodo ordinario de sesiones. *** México registró 879 muertes por Covid-19 notificadas en las últimas 24 horas, según reportó la Secretaría de Salud, por lo que el acumulado de fallecimientos a causa de la pandemia ascendió a 265 mil 420. La cifra de contagios acumulados aumentó este miércoles a 3 millones 465 mil 171, luego de que se reportaron 15 mil 876 casos nuevos confirmados. *** Por otra parte, el gobierno federal reportó que se ha inoculado contra Covid-19 al 67% de la población mayor de 18 años de edad con al menos una dosis. El martes 7 de septiembre, la Secretaría de Salud aplicó 842 mil 848 vacunas, para llegar a un total de 88 millones 593 mil 229 dosis suministradas a nivel nacional desde que inició la estrategia de vacunación contra el coronavirus en diciembre de 2020. *** De las 59 millones 614 mil 774 personas vacunadas en México, 36 millones 864 mil 200 cuentan con esquema completo, mientras que 22 millones 750 mil 574 aún esperan la segunda dosis. *** En Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García anunció que dará a conocer los 118 municipios donde iniciarán la aplicación de segundas dosis para la población de 40 años y más, para acelerar el Plan Nacional de Vacunación. *** El mandatario indicó que en 12 municipios más se inmunizará a las personas del grupo de 30 años y en cuatro municipios de gran población también se aplicará la vacuna a los jóvenes mayores de 18 años para lograr que en octubre todos tengan al menos la primera dosis.
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