Armando Ortiz / El ciudadano debe entender que el actuar de las autoridades en Veracruz no es apegado a derecho. Eso representa un riesgo grande para cualquier veracruzano que el día de mañana puede ser sustraído de su domicilio, ocultado dos días y al tercer día ser presentado ante la sociedad como un criminal al que se le confiscaron armas de grueso calibre. El gobernador Cuitláhuac García, a quien ya nadie le cree, dice que todo fue apegado a derecho. Pero los hechos registrados desde el viernes a las 17.00 horas muestran que lo que menos hubo en el caso del César Julián Herrera Víquez fue apego al estado de derecho. César Julián fue sustraído, escondido, y ahora presentado como delincuente. Si era un delincuente, ¿por qué lo ocultaron? ¿Por qué la misma Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz emitió un boletín de su desaparición? El gobernador pretende justificar de manera bastante pueril las razones de que se diera como desaparecido por las propias instancias de gobierno, pero los hechos muestran y deben demostrar que el Estado está actuando fuera de la ley. El ciudadano, ante este tipo de acciones, queda desamparado, pues desde el mismo gobierno se puede proceder contra cualquiera. Teniendo el control de la Seguridad Púbica, de la Fiscalía, de los jueces, el gobierno puede, como ya lo ha hecho, de manera arbitraria, atentar contra la integridad de cualquier inocente. Si el ciudadano no entiende eso, y deja que pase, entonces después que no se queje.
Y en la SEV se pasan por el arco del triunfo las medidas sanitarias; desde Servicios Generales llaman a trabajar a personal en oficinas
Veracruz está viviendo una tercera ola de contagios que está resultando peor que la primera ola. Son varios hospitales que reportan una ocupación total en sus camas de hospital. En todo el país ya son casi tres millones de contagiados, y esto según las cifras de la propia Secretaría de Salud. A pesar de esta situación emergente, en la Secretaría de Educación de Veracruz hay funcionarios que están dispuestos a sacrificar al personal. Nos informan por ejemplo que en el departamento de Impresiones de la SEV, Reymundo Moisés Bonilla Méndez pidió a todo el personal que se presente a trabajar, esto sin importar que algunos empleados de ese departamento estén en la tercera edad o que tengan problemas de enfermedades crónicas. La intención es mostrar una falsa eficiencia, esto a pesar del riesgo que significa hacinar a todo el personal de una oficina ante la pandemia de covid. Cuando a este sujeto de quinta le preguntaron quién ordenaba el regreso a la oficina, Reymundo se excusó diciendo que eran órdenes de Abel de Jesús Gutierrez Sanchez, director de Servicios Generales de la SEV. Por supuesto, si le preguntan a Abel de Jesús quién dio la orden, este dirá que el mismo secretario Zenyazen Escobar. Sin embargo, Zenyazen ya no podrá decir que es orden de Cuitláhuac García, pues el mismo gobernador ha girado un oficio en donde se ciñe a los Acuerdos Federales emitidos por las autoridades sanitarias en materia de salud. Como señalamos, en realidad estos tipos lo que quieren es simular que trabajan, pero eso sí, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores.
Que Franco Castán está a un paso de obtener su libertad. Obtuvo amparo contra la vinculación a proceso; lo comenta Mussio Cárdenas
El periodista Mussio Cárdenas Arellano, en la última entrega de su columna “Informe Rojo” hace un resumen del calvario que ha vivido el perredista Franco Castán, diputado electo para la próxima legislatura federal. Menciona Mussio que las hijas se han dirigido al juez que lleva el caso, señalándolo de participar en lo que ellas llaman el secuestro de su padre por parte del gobierno de Cuitláhuac García. “Señor juez -señaló una de las hijas- usted lleva retrasando la resolución 134 días. Primero, con chicanadas jurídicas tardó 90 días para celebrar la audiencia y ahora lleva 44 días para emitir la resolución del amparo. Usted no tiene elementos para dejarlo en prisión. Por eso ha utilizado prácticas dilatorias y ha usado facciosamente la ley para no resolver”. Por alguna razón, poco después de este mensaje el juez Ricardo Mercado Oaxaca emitió una resolución que ampara a Franco Castán contra la vinculación a proceso y los ocho meses en prisión preventiva. Sin embargo, anota el periodista que el juez “dejó de lado la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad”. Deberá ser un tribunal colegiado el que tome la resolución final. Mussio Cárdenas concluye: “Como sea, llegó el amparo y Franco acaricia la libertad. El preso político ha vencido al gobernador”.
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