¿A quién le asombra que la magistrada presidenta Inés Romero Cruz no haya defendido la partida presupuestal de 2021 para el Poder Judicial? No quiso, porque la señora todo el tiempo anda vestida del color de Morena, para quedar bien con su gobernador; la señora a cada rato le anda haciendo caravana al gobernador y acatando los mandatos de éste. Circula en los correos de algunos medios informativos que, de acuerdo con la reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz, el presupuesto asignado para el Poder Judicial «podrá ser mayor pero no menor al dos por ciento del total del presupuesto general del Estado».
Por lo mismo, «de acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, el presupuesto total del Estado para el año 2021 es de 128 mil 420 millones 684 mil 290 pesos, por lo que al Poder Judicial le debió haber sido asignado, como mínimo, un monto de 2 mil 568 millones 413 mil 685 pesos, que corresponde al dos por ciento del presupuesto general del Estado».
Pero les dieron mucho menos que eso, casi mil millones menos que eso. ¿Por qué no defendió la presidenta del Tribunal Superior de Justicia el presupuesto 2021 para la institución que representa, si a todas luces se advertía que le estaban aplicando una arbitrariedad? No defendió el presupuesto porque le dio miedo correr con la misma suerte que Sofía Martínez Huerta, su antecesora.
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