AMLO, delincuencia y el “pacto de no agresión”

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / LA VINCULACION a proceso de Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía en la administración de Enrique Peña Nieto demuestra lo que en este espacio hemos dicho hasta la saciedad: el Presidente Andrés Manuel López Obrador no está dispuesto a perseguir a la delincuencia organizada, porque estaría afectando su cómodo escenario de giras en aviones comerciales, por carretera y con escasa vigilancia tratando de demostrar con ello que el pueblo lo ama y no lo ataca y, por el contrario, lo cuida como a Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez en su momento, pero a cambio está dispuesto a montar un teatro o circo para saciar la ansiedad del pueblo bueno, entregándole las cabezas de presuntos corruptos de la delincuencia autorizada o de cuello blanco, y con ello demostrar que su Gobierno no permite la impunidad, aun cuando el 99 por ciento de los 100 crímenes que se perpetran a diario en el País queden sin ser investigados, esclarecidos o castigados como lo demuestran las estadísticas. Y es que de acuerdo a los resultados del Índice Global de Impunidad 2020, México se ubica en la posición 60 entre los 69 países analizados con un índice de 49.67 que representan 10 puntos más de impunidad frente al promedio global (39.9), aunque también lejos del País peor evaluado que es Tailandia con 62.3. En ese tenor, México destaca por ubicarse entre los países con mayores niveles de impunidad, incluso como una de las naciones latinoamericanas con más impunidad, donde, cabe destacar que América Latina suele ubicarse en el IGI como una región caracterizada por altos niveles de impunidad.

COMO FUERA, AMLO no desea cambiar el confort que le brinda no contrarrestar a la delincuencia organizada, y por esa razón ha desatado una persecución contra presuntos “hampones de cuello blanco”, entre otros Miguel Alemán Magnani, nieto del ex Presidente de México, Miguel Alemán Valdez e hijo del ex Gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, por un presunto fraude al fisco de aproximadamente 66 millones de pesos que el empresario, ex propietario de Interjet no se negó a pagar o devolver en una negociación que dejó a medias, sino que no quiso venir a México para cerrar el trato por tenor a ser detenido, viendo cómo se las gasta este gobierno de la cuarta transformación. Y esto ocurre mientras en Aguililla, Michoacán la delincuencia se encuentra posicionada de ese poblado impidiendo a la población salir a abastecerse de lo básico, y en Pantelhó, Chiapas donde sigue la violencia y los enfrentamientos armados con emboscadas a la tropa y elementos policiacos con saldos de seis agentes estatales y tres elementos del Ejército Mexicano heridos a tiros de gravedad la semana pasada por civiles cuando trataban de desbloquear la carretera cerca de la entrada a la cabecera municipal. Pero esos hechos no tienen la menor importancia para el Presidente, empeñado como se encuentran en darle circo y migajas al pueblo previo a la consulta para definir si se procesa o no a los ex Presidente de México.

POR LO pronto, de acuerdo al principal ex negociador del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la denuncia de enriquecimiento ilícito por 9 millones de pesos de que lo acusa la Fiscalía General de la República (FGR), es más bien una “persecución política”. Y es que cuando la FGR inició la investigación sobre la procedencia de su patrimonio, y derivado de ello halló un depósito de 300 mil dólares a una cuenta de banco que tiene en Estados Unidos, recursos que son producto de una compensación por la cesión de los derechos de herencia de su madre que le hizo su hermano mayor, la dependencia pasó por alto las pruebas presentadas y certificadas por notario. Es tal la persecución, que la FGR solicitó al juez que se detuviera su toma de protesta en la Cámara de Diputados, pero el Presidente del PRI Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas indicó que esa es la intensión pero no lo permitirán. “Simplemente con lo que dijo la Fiscalía de que el objetivo era impedir mi toma de protesta en la Cámara, me queda claro que esto es persecución política”, dijo el economista neoleonés que considera que las indagatorias en su contra se derivan de su participación en la campaña electoral del PRI en su estado natal, “puede que no les haya gustado algunas declaraciones, algunas cosas y luego voy a ser un diputado de oposición”.

PERO EL tema de fondo es que el Presidente, negado a combatir al crimen organizado para que no le empañen los “escenarios de libertad” con los que se mueve en el País, para evitar ser considerado un mandatario débil o protector de la impunidad, ordena una cacería de brujas contra ex funcionarios del pasado, contra quienes vierte en cada mañanera tufillos de rencor acumulado o una dosis conveniente de le permita sacar adelante la consulta para determinar si se lleva a juicio a los ex presidentes y, mejor aún, imponerse en la consulta para la revocación de mandato, haciéndole ver a sus seguidores que no permitirá actos de corrupción en el País aunque, por otra parte, consienta la barbarie, entre otras, masacres, emboscadas, asesinatos, levantones, secuestros, extorsiones y todo cuando perjudica, principalmente a las clases medias.

AHORA QUE AMLO tendrá tela de donde cortar para continuar la embestida en los meses por venir, y así como ahora enfoca baterías contra Idelfonso Guajardo, lo hizo en su momento y lo sigue haciendo contra Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Sedatu y Sedesol a quien mantiene en prisión, y más recientemente con el ex Gobernador de Nayarit Roberto Sandoval contra quien ejercieron 3 órdenes de aprehensión. Pero en la lista de la Fiscalía General de la Republica se encuentra el ex canciller y Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Casso, a quien la dependencia inhabilitó 10 años para ejercer cargos públicos como sanción, luego de una investigación en la que encontró irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, ya que omitió declarar los saldos de cuentas bancarias entre 2015 y 2017, lo que es una falta administrativa grave, de acuerdo con la SFP. Están en la mira, también, el ex titular de SeDeSol, Luis Miranda Nava, pues en 2020 la Secretaría de la Función Pública le informó que es investigado debido a presuntas irregularidades por 1 mil 323 millones de pesos, monto que se usó en 2018 en la Cruzada Nacional contra el Hambre y sus comedores comunitarios, e incluso el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Por lo pronto, Emilio Lozoya, director de Pemex, quien se prestó a empinar a sus ex colegas de gabinete fue detenido en España en febrero del 2020 y en Julio del mismo año extraditado a México por sobornos que recibió de Odebrecht. Además, compró la planta chatarra de AgroNitrogenados que significó un desfalco importante para el país. Y en ese tenor, AMLO persigue a los delincuentes de cuello blanco o delincuencia autorizada, mientras perdona a la organizada en un pacto de no agresión, en tanto sigue enarbolando su bandera anticorrupción y anti impunidad en los burros de su compadre. Así de simple. OPINA [email protected]