Juan David Castilla Arcos / Naolinco, Ver. Ambientalistas denunciaron que el 3 por ciento del territorio veracruzano fue concesionado para trabajos de minería a cielo abierto, los cuales ocasionan deforestación y escasez o contaminación del agua.
De acuerdo con Emilio Rodríguez Almazán, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), actualmente hay cuatro proyectos mineros para la extracción de cobre, plata y oro.
Los trabajos de exploración han sido notorios en los municipios de Actopan y Alto Lucero; sin embargo, podrían iniciarse los trabajos también en Tatatila y Las Minas.
«El tres por ciento de la superficie estatal está concesionada a la actividad minera. De ese tres por ciento, los proyectos son cuatro que están avanzados y están justo en esta región, en Las Minas, Tatatila, Actopan y Alto Lucero. Entonces, todo el eje neovolcánico transversal que llega hasta el Golfo de México está mineralizado».
Dos empresas iniciaron sus estudios de impacto ambiental para la explotación minera de los proyectos de Las Minas y Tatatila, los cuales llevan el mismo nombre de cada municipio.
«Están ya por ingresar sus estudios de impacto ambiental para la explotación minera. Entonces nosotros estamos muy preocupados, informando en toda esta región», comenta en el municipio de Naolinco.
Mientras que en Actopan continúa el proyecto Caballo Blanco, ahora La Paila, donde buscan extraer oro y plata y, en el municipio de Alto Lucero, sigue vigente el proyecto minero “El Cobre”.
El activista menciona que el Servicio Geológico Minero actualiza sus datos constantemente y hay referencias de concesiones mineras en la Sierra de Chiconquiaco, Naolinco y la región central montañosa.
«Para nosotros en importante avanzar en este tema del movimiento, que nos quede claro en la entidad veracruzana, que no es de vocación minera, como oro, plata y cobre, que la vocación minera en Veracruz es la pesca y la ganadería».
Rodríguez Almazán recordó que el movimiento de resistencia anti minera en el estado de Veracruz, para defender al entorno ecológico de los daños irreversibles que esta actividad ocasiona.
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