Un filón de oro pronto será depositado en manos de las compañías encargadas de proporcionar el servicio de telefonía celular por parte del Gobierno Federal. Resulta que los diputados de Morena y sus aliados en el Senado de la República aprobaron una reforma que permite formar un banco de datos, en otras palabras, ya no bastará con que un ciudadano facilite su credencial de elector y comprobante de domicilio para tener telefonía móvil, ahora deberá entregar también sus datos biométricos como son huella dactilar, iris de los ojos, facciones del rostro, tono de voz y firma. Un verdadero control absoluto.
El problema radica que, si el aparato telefónico es robado y usado para delinquir, el ciudadano común y corriente puede ser detenido, mientras a pasos de tortuga, como es costumbre en nuestro país, avanza la denuncia del robo. Además, las compañías que proporcionan el servicio, serán también responsables de la radiografía digital del ciudadano.
Por otro lado, existe el temor de que el Gobierno Federal utilice esos datos con tinte político y electoral. Sin tomar en consideración que esta reforma violenta la privacidad, ya que con esta radiografía completa del ciudadano, en cualquier momento puede ser intervenido su teléfono celular sin ninguna orden judicial.
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