*Gobernador de Veracruz se jactaba diciendo que no había violencia, ni de que preocuparse
*Ahora tiene que venir nuevamente el Gobierno Federal a desmentirlo y enmendarle la plana
*La mitad de los casos de violencia política que han ocurrido en el país se han dado en Veracruz, SSPC
Ciudad de México. El gobierno de Veracruz ha quedado evidenciado una vez más como «mentiroso», así como por su limitada capacidad, pobreza de acciones, falta de visión y altura de miras, en esta ocasión en voz de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, quien hoy en conferencia de prensa abordó la situación de precandidatos y candidatos de distintos partidos políticos que han recibido amenazas o han sido ejecutados en diferentes estados del país.
La funcionaria federal señaló que contrario a la postura que ha venido mostrando el gobierno de Veracruz, quien prácticamente ha minimizado el tema de la inseguridad en la entidad, Rosa Icela Rodríguez informó que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos de violencia política en el país, donde en el estado de Veracruz se han presentado la mitad de dichos casos.
Por lo que la Federación prácticamente dejó nuevamente como un «mentiroso» y le corrigió la plana a Cuitláhuac García Jiménez, al detallar que “va a haber protección, se está hablando con gobernadores para que haya una acción conjunta de protección, sobre todo, a candidatos a presidentes municipales”, situación que semanas atrás García Jiménez había minimizado y había negado.
En Veracruz en reiteradas ocasiones partidos políticos como el PRD ha alzado la voz para denunciar las amenazas de que han sido víctimas sus alcaldes, candidatos, militantes y simpatizantes, amenazas vertidas incluso desde el propio Gobierno del Estado por parte del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.
Al respecto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que en el plan participarán la Secretaría de Gobernación (SEGOB), las fiscalías, los partidos políticos, gobernadores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Subrayó que el objetivo es «darles protección a candidatos» y «que no los obliguen a declinar por amenazas» pues se debe de frenar a los grupos del crimen organizado como a los «criminales de cuello blanco».
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