La ley es dura e implacable, sobre todo cuando esta no nos favorece. El duro golpe que propinaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia a miles de jubilados, sólo refleja una aplicación y una visión legalista y rigurosa. Hasta un estudiante novato del Derecho mexicano sabe que la ley no es retroactiva, además, muchos desconocen que el asunto referente a las UMAs, en un principio, sólo era contemplado para multas y servicios, no para aplicarla en salarios. Por tal motivo, el descontento de los jubilados y de los próximos a hacerlo, es bien justificado.
La determinación en su contra es un robo a despoblado que merece ser considerado nuevamente. Por otro lado, la estrategia que ha emprendido Soralla Buñuelos, encargada de la defensa jurídica de los jubilados del SNTE, está completamente errada. Tenga la seguridad que la queja interpuesta en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) estará durmiendo el sueño de los justos por mucho tiempo.
En contraste, los ministros que aprobaron y ratificaron que las pensiones de miles de maestros sigan siendo tazadas en UMAS disfrutan del dolce vita, cobrando pingues salarios y jugosas pensiones jubilatorias, mismas que rayan en lo obsceno. Por lo tanto, no nos sorprenda que pasando la pandemia se vea en las grandes avenidas multitudinarias protestas magisteriales. ¡Qué bonito! Los magistrados son los privilegiados y los trabajadores de la educación son los marginados.
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