Después de tomar protesta como gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García anunció su primer acto de gobierno: «Nuestro gobierno acepta y reconoce que a las víctimas no se les ha hecho justicia y que lo más importante y urgente es brindar a las personas justicia, verdad y reparación, y en este contexto localizar a todas las personas desaparecidas». El boletín oficial ese primero de diciembre de 2018 decía: «Marcando un nuevo rumbo para Veracruz y con observancia al Artículo 96 de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó su primer acto: la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz al Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso, José Manuel Pozos Castro y al representante del Gobierno Federal presente».
Los miembros de los colectivos de personas de desaparecidos le aplaudieron a rabiar; por fin un gobernante habría de buscar justicia para sus desparecidos. En menos de una semana el gobierno de Cuitláhuac García liberó a Arturo Bermúdez Zurita, señalado por muchos de esos colectivos como el que ordenaba la desaparición de sus hijos.
25 meses después de esa Declaratoria de Emergencia, el gobierno de Cuitláhuac García le cierra las puertas a las madres de los desaparecidos. Se niega a darles la cara y por eso lo acusan: «¡Gobernador en campaña tan sonriente!, ahorita tan indolente» y «Señor Gobernador, urgen las mesas de trabajo con las familias».
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