Dueños de verificentros rechazan que fondos sean para atender covid-19

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Dueños y concesionarios de verificentros bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez, de manera intermitente, en rechazo al decreto que le da facultades a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para cobrar por la prestación del servicio que estos concesionarios brindan FOTO: JUAN DAVID CASTILLA
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Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. Dueños y concesionarios de verificentros bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez, de manera intermitente, en rechazo al decreto que le da facultades a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para cobrar por la prestación del servicio que estos concesionarios brindan.

Los quejosos entorpecieron el tránsito vehicular para exigir una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, toda vez que la semana pasada ya habían amagado con bloquear calles y avenidas para que fuesen atendidas sus peticiones.

Alejandro Huesca Sota, presidente de la asociación de Verificentros Ambientalistas por Veracruz, rechazó que haya procesos administrativos por actos de corrupción contra los concesionarios de verificentros o centros de verificación.

«No se vale llenarse la boca sin tener las pruebas o decir realmente las cosas como son».

El entrevistado mencionó que los recursos recaudados en dicha unidades de medición serían presuntamente destinados a atender la pandemia del SARS-CoV-2 (covid-19).

Recordó que el pasado viernes tuvieron un acercamiento con el mandatario estatal en la ciudad de Fortín.

Sin embargo, hasta el momento, los concesionarios no han recibido una respuesta favorable y, por ello, decidieron manifestarse en el centro de la Ciudad de Xalapa.

«Le solicitamos que recapacite, que los concesionarios estamos dispuestos a trabajar, a hacer lo mejor por Veracruz, pero no en las condiciones que él quiere. Nos dijo que lo va a pensar, que la ve difícil porque ya tiene avanzada su situación, pero que en estos días íbamos a tener noticias de él, esperemos que sean noticias buenas».

Finalmente, consideró que el programa para la verificación vehicular tiene un sentido meramente ambientalista y, a su juicio, la actual administración estatal pretende convertirlo en una medida recaudatoria.

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