Cisneros Burgos inmiscuido en «Estafa Maestra» de Yunes y Edel: Sofía Martínez

Xalapa, Ver. La magistrada Sofía Martínez Huerta, presidenta destituida del Tribunal Superior de Justicia, esperó al inicio del tercer año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, para presentar otra denuncia en contra del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, por amenazas, coacción y abuso de autoridad.

En su narración de hechos, la magistrada pone al descubierto el teje y maneje de los presuntos acuerdos de la llamada Cuarta Transformación con el ex presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, para tapar presuntas irregularidades en el proceso de construcción de las Ciudades Judiciales, proyecto que tiene un costo de $15 mil millones de pesos.

De acuerdo con Martínez Huerta, un día después de su designación como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, fue convocada por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez para acudir a palacio de gobierno, en donde fue atendida por este y el secretario de gobierno, en donde le manifestaron que Cisneros Burgos había llevado a cabo acuerdos con el entonces Presidente del Tribunal Superior de justicia Edel Álvarez Peña, ello para efectos de que dejara la presidencia y que por lo tanto dentro de los compromisos alcanzados “no se realizaría cacería de brujas o investigación alguna sobre los actos realizados por Álvarez Peña y sus colaboradores en el desempeño de sus funciones en el Poder Judicial, lo que incluye los procesos de autorización, contratación y ejecución de obra de las llamadas ciudades judiciales”.

Este día a través de un comunicado, la Magistrada Sofía Martínez Huerta informó que el día 1 de diciembre de este 2020 presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia en contra del Secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, por los delitos de amenazas, coacción y abuso de autoridad.

Martínez Huerta señala que fue destituida luego de que descubrió e intentó actuar en contra de los presuntos actos de corrupción del ex presidente del Tribunal, Edel Álvarez Peña, aliado de Eric Cisneros Burgos.

Dentro de la denuncia refiere Martínez Huerta que en cumplimiento a lo ordenado por el Congreso del Estado y ante las anomalías encontradas con las ciudades judiciales es que decidió suspender los pagos a las empresas constructoras y que, a la llegada de su sucesora Isabel Inés Romero Cruz, esta llevó a cabo el pago de las cantidades que se habían dejado de realizar con motivo de las irregularidades encontradas.

Así mismo, refiere en su escrito de denuncia que dichas anomalías se hicieron del conocimiento a los integrantes del Consejo de la Judicatura: Humberto Oliverio Hernández Reducindo, Carla Rodríguez González, Pedro Luis Juan Clemente Reyes Marín y Andrés Cruz Ibarra, y que en consecuencia estos decidieron cambiar a los titulares de la dirección jurídica, dirección general de administración, Contraloría y subdirección de recursos materiales, lugares en donde se encontraba la documentación que acredita las irregularidades cometidas por Edel Álvarez Peña y su grupo.

Ante la resistencia de la entonces presidenta del Poder Judicial es que se inició una guerra mediática en su contra, y que al efecto el día veinte de octubre del año en curso, Humberto Oliverio Hernández Reducindo, Joana Marlen Bautista Flores, y Juan Javier Gómez Cazarín, en la oficina de este último llamaron a los presidentes de las salas que integran el Tribunal Superior de Justicia, con la finalidad de instruirles que por indicaciones del Gobernador debían destituir a Sofía Martínez Huerta, y que más tarde fue llamada por el propio Secretario de Gobierno para acudir a su oficina el día siguiente en punto de las doce horas.

También manifiesta que el día y hora de la reunión sostenida con Eric Patrocinio Cisneros Burgos, este último le manifestó que era momento de que se retirara del cargo de Presidente del Poder Judicial del Estado, pues a su criterio les estorbaba, situación a la cual se negó la entonces titular del Poder Judicial y que, en consecuencia, le contestó Cisneros Burgos que no olvidara que tenía familia, y que haría lo necesario para quitarla del cargo, obligándola a renunciar. En virtud de lo anterior, el día veintitrés de octubre siguiente, mediante un pleno integrado ilegalmente, fue destituida del cargo de presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

Señala la magistrada que ante el pronunciamiento de grupos políticos y ante los hechos notorios que tiene fama el Secretario de Gobierno y que directamente se le ha relacionado con amenazas a la dueña del periódico “El Dictamen”, así como el feminicidio de la alcaldesa de Jamapa, es que teme por su vida y por la de su familia y hace responsable a Eric Patrocinio Cisneros Burgos, de cualquier situación ilegal que afecte la integridad de las personas ya señaladas.

En virtud de lo anterior, solicita la Magistrada Sofía Martínez Huerta como medidas de protección:

Se establezcan las medidas de protección previstas en las fracciones I, II, VI y VII del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser idóneas, suficientes y pertinentes para lograr el objetivo de la medida cautelar.

Respecto de las fracciones VI y VII, toda vez que el sujeto denunciado cuenta con un cargo del servicio público a través del cual es el superior jerárquico y cuenta con los elementos jurídicos e influencias políticas para poder entorpecer la medida de protección, esa representación social, tendrá que solicitar la protección policial a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, para el efecto de que sea esa autoridad quien designe personal idóneo para los efectos de la medida cautelar solicitada.

Por su parte, dichas medidas de protección se tendrán que realizar al momento de que se radique la presente denuncia, pues insiste que teme por su vida y responsabiliza por los ataques a su persona o familia a Eric Patrocinio Cisneros Burgos, ya que se motiva esas medidas de protección pues el ahora denunciado, se encuentra señalado por un partido político de ser autor intelectual de feminicidio, y que a su vez se cuenta con elementos de convicción a través de los cuales, se desprende que logró removerla del cargo de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

En caso de que la Fiscalía no ordene inmediatamente las medidas de protección idóneas, suficientes y pertinentes, incumplirá lo previsto por el Artículo 154 del Código Penal para el Estado de Veracruz, siendo acreedor de las sanciones penales correspondientes y que en consecuencia, habrá de acudir ante la Fiscalía General de la República (FGR).