PJE: Diputados coludidos

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PJE: Diputados coludidos FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez / 

Prefacio. 

Este miércoles reapareció en Xalapa el diputado federal Héctor Yunes Landa. Le concedió una entrevista al portal de noticias “Al Calor Político” y anunció que buscará participar en las elecciones del próximo año. *** “Es probable que tenga yo un espacio de representación popular el próximo año, porque es la plataforma desde la cual estaré atento a la sucesión del 2024, en la que tengo la decisión, la determinación de competir para Gobernador de Veracruz y en esta ocasión voy a ganar”, dijo. *** Táchenme de loco, van a decir que no tomo en serio el tema, pero los invito a reflexionar: ¿Cómo verían a Héctor Yunes, como candidato, el próximo año, a la alcaldía de Xalapa, por la alianza PAN-PRI-PRD? ¿Se imaginan una contienda entre Héctor Yunes y Ricardo Ahued por gobernar la capital del estado? *** Por cierto, y sólo para alimentar el debate, Héctor Yunes tiene residencia en Xalapa, ciudad en la que cursó su carrera de Derecho y en la que ha desempeñado importantes cargos en el servicio público. *** Ahí se las dejo.

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En la narrativa sobre los fraudes cometidos bajo el cobijo de la construcción de las Ciudades Judiciales, se hace referencia a la participación que tuvieron legisladores que integraban la LXIV Legislatura (la que concluyó sus funciones en noviembre del 2018).

¿Quiénes fueron y cuál fue su función en esta red delictiva?

Ahora veremos.

Para la creación de las Asociaciones Público Privadas (APP) que, como su nombre lo dice, combina inversiones del sector público con fondos de empresas privadas, se requiere de la aprobación del Congreso del Estado.

Las solicitudes deben ser enviadas por el órgano público interesado en utilizar ese esquema jurídico, que en este caso fue el Poder Judicial del Estado.

Al llegar a la Legislatura, dichas solicitudes fueron presentadas en sesión del Pleno y turnadas “para su estudio y dictamen”- a las comisiones permanentes de Justicia y Puntos Constitucionales, de Procuración de Justicia, y de Hacienda del Estado.

Los integrantes de dichas comisiones firmaron y dieron su aval a dictámenes que faltaban a la verdad. Aquí un ejemplo:

En el Dictamen de fecha 25 de septiembre de 2017, en la consideración XIII, los diputados indican que el proyecto para la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 17 Ciudades Judiciales fue dictaminado por la empresa Estudios, Proyectos y Servicios Sustentables, RINAVI S.C., “a través de un estudio de costo-beneficio, el resumen del proyecto integral y los dictámenes de impacto ambiental del proyecto”.

Sin embargo, cuando las Comisiones Legislativas emitieron dicho Dictamen, aún no se contaba con el Expediente Técnico que demostrara la viabilidad técnica, económica, financiera y social de los Proyectos de Asociaciones Público Privadas, dado que la dictaminación de viabilidad emitida por la empresa RINAVI no existía, pues fue asentada ante el Poder Judicial el 3 de julio de 2018 (esto es, casi 10 meses después de emitido el dictamen en el Congreso).

Una falsedad más:

En el Dictamen del 25 de septiembre de 2017, los diputados indican que “una vez estudiada y analizada la solicitud en comento, y tomando en consideración la documentación que se anexa a la presente petición, se concluye que el Poder Judicial del Estado (…) satisface los requisitos establecidos en la Legislación aplicable”.

Sin embargo, al momento de autorizar la viabilidad del proyecto, el Poder Judicial sólo contaba con tres terrenos con las características requeridas para llevar a cabo la construcción de las 21 Ciudades Judiciales; los 18 restantes, no habían sido adquiridos y/o no contaban con las áreas necesarias para realizar la construcción de las ciudades judiciales.

¿Quiénes fueron los diputados de la LXIV Legislatura que incurrieron en estas irregularidades?

La Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales era presidida por el panista Bingen Rementería Molina; el secretario era el priista Carlos Antonio Morales Guevara, y el vocal era el panista Gregorio Murillo Uscanga.

La de Procuración de Justicia la encabezaba el priista Juan Manuel del Castillo; la secretaria era la panista María Josefina Gamboa, y el vocal era Zenyazen Escobar García, de Morena.

Por la de Hacienda del Estado participaron Juan Manuel del Castillo (PRI) y Daniela Griego Ceballos (Morena).

Muchos de estos personajes siguen activos en la política o el servicio público. Bingen Rementería, por ejemplo, se reeligió como diputado y es hoy un fuerte aspirante, por el PAN, a la candidatura por la alcaldía de Veracruz. María Josefina Gamboa también repitió como legisladora en la LXV Legislatura y además aspira a la alcaldía del puerto jarocho.

Por Morena. Zenyazen Escobar es actualmente secretario de Educación, mientras que Daniela Griego Ceballos ocupa la Dirección del Instituto de Pensiones del Estado.

Todos tienen proyectos a futuro en el ámbito político, pero primero deberán justificar su actuación en el fraude de las Ciudades Judiciales.

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Epílogo. 

En ese compromiso que se ha echado a cuestas el PRI de Veracruz, de revisar con lupa cada acción (u omisión) del gobierno de Cuitláhuac García (dicen que son tan evidentes sus irregularidades que no necesitan la lupa) se ha logrado saber que están por exhibir millonarias inconsistencias en el ejercicio presupuestal 2019 de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA). *** Con documentos oficiales, se mostrarán acciones que no se llevaron a cabo, pero en los que no regresaron los fondos etiquetados para ese fin. *** Esa y muchas otras anomalías saldrán a la luz y el exdirigente del PRD y actual titular de esa área, Sergio Rodríguez Cortés, deberá dar explicaciones coherentes sobre el destino de esos recursos que no se aplicaron, pero tampoco se reintegraron a la Tesorería. *** La efervescencia por la contienda electoral del 2021 va cobrando fuerza. Desde Pánuco hasta Las Choapas, centenares de ciudadanos veracruzanos han levantado la mano para participar en las elecciones, en las que se definen los 212 ayuntamientos, las 50 diputaciones locales y la parte que le corresponde a Veracruz de las diputaciones federales. *** En Zentla, bastión del panismo, suena fuerte el nombre de Cosme Hernández Munguía, actualmente secretario del ayuntamiento, quien también ha sido asesor jurídico de pasadas administraciones municipales y es muy conocido en la región. *** En Tlapacoyan, mientras tanto, es cada vez más fuerte la alianza ciudadana que se construye en torno al maestro Carlos Gámez, personaje con amplia experiencia y comprobada vocación en el servicio público.

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