Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Este lunes, 23 de noviembre de 2020, cumplió 70 años de edad el magistrado Pedro Luis Juan Clemente Reyes Marín, por lo que, de acuerdo a la reforma a la Constitución de Veracruz de diciembre de 2017, le corresponde dejar el cargo. *** Por tal razón, Reyes Marín habrá de enfrentar, sin fuero, las denuncias presentadas a partir de las anomalías detectadas en el proceso de creación de las Asociaciones Público Privadas (APP) y las licitaciones para la construcción, equipamiento y mantenimiento de las 21 Ciudades Judiciales, en las que aparece involucrado. *** Pero, además, tendrá que rendir cuentas ante la Justicia, por la administración fraudulenta del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia (del que él fungió como responsable) pues él lo tomó con cerca de 700 millones de pesos (lo que se puede constatar en los informes trimestrales que obran en el portal de transparencia del Poder Judicial) y al momento en que Edel Álvarez Peña dejó la Presidencia del Poder Judicial del Estado, apenas contaba con poco más de 20 millones de pesos. *** Para evitar dar el obligado paso al retiro, Pedro Luis Reyes recurrirá al amparo, que ya le tiene listo la actual Directora de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior de Justicia, Gabriela Flores Espinosa, a través de uno de los despachos de abogados con los que suele operar. *** ¿Por qué habría de prestarle ese servicio la funcionaria? Sencillo: Gabriela Flores Espinosa forma parte de ese grupo de servidores públicos que se confabuló para saquear las arcas del Poder Judicial. *** Antes de su llegada al Consejo de la Judicatura, Gabriela Flores se desempeñó como Secretaria de Estudio y Cuenta del propio Reyes Marín, cuando éste formaba parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y cuando el magistrado fue designado integrante del Consejo de la Judicatura, ella llegó como proyectista adscrita a la ponencia de Reyes Marín. *** A la llegada de Edel Álvarez Peña a la Presidencia del Poder Judicial, Gabriela Flores fue designada Coordinadora de Visitaduría, puesto al que renunció en diciembre del 2019, para ser adscrita a la ponencia de Claudia Reséndiz, una incondicional de Álvarez Peña. *** Cuando se supo de la investigación iniciada por la depuesta magistrada Sofía Martínez Huerta en relación con las Ciudades Judiciales, Gabriela Flores fue colocada en la Secretaría Adjunta del Consejo de la Judicatura, con la instrucción de bloquear cualquier acción legal en contra de sus aliados. *** La actual Directora de Asuntos Jurídicos debe ser muy cuidadosa en cada medida que tome para respaldar a Reyes Marín, pues corre el riesgo de incurrir en graves responsabilidades administrativas, por el evidente conflicto de intereses. *** Hoy su responsabilidad es velar por lo que más la favorezca al Poder Judicial, no por la impunidad de sus cómplices.
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Son numerosas las áreas en las que el actual gobierno de Veracruz ha mostrado grandes fisuras. Ni el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha atrevido a reconocerle cierto nivel de eficiencia al gobierno estatal, y se ha limitado a repetir, hasta el cansancio, que la mayor virtud de Cuitláhuac García es que “es honesto, no como los de antes”.
Pero hay una falla en lo particular que se hace cada vez más evidente y que le puede resultar muy cara (tanto en lo económico como en lo político) a la actual administración estatal: Tiene una pésima asesoría en materia jurídica.
Los ejemplos abundan. Un día sí y otro también, el Poder Judicial de la Federación le “corrige la plana” y exhibe la inconsistencia de sus actuaciones en el ámbito legal.
Ahí están, como ejemplo, los fallidos intentos de someter a juicio político al entonces fiscal Jorge Winckler; la sustitución de magistrados a quienes pretendieron aplicarles una Ley de forma retroactiva; el desafuero del alcalde y la síndica de Actopan. Y faltan por resolverse los recursos legales presentados por el desaseo con el que designaron a la actual titular de la Fiscalía General del Estado, o la remoción misma de la magistrada Sofía Martínez Huerta del cargo de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
“El problema con los abogados del gobierno, es que no aportan argumentos, sino pretextos. A partir de una buena argumentación, el gobernante puede decidir si es válido aplicar determinadas acciones; a estos abogados sólo les dicen lo que van a hacer y les encargan una justificación jurídica”, mencionó un reconocido jurista.
Este lunes el Congreso local recibió un nuevo “palo” y este vino desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En sesión remota del Tribunal Pleno, se declaró inválido el Decreto 576, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de Veracruz, “por falta de consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad”.
En l comunicado emitido por el Poder Judicial de la Federación, se dio a conocer que el Pleno determinó que el contenido del decreto “incidía directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado”, por lo que las autoridades locales se encontraban obligadas a realizar “una consulta de forma previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en la que participaran dichos grupos”.
Como parte de los efectos, dado que el decreto invalidado reformaba y adicionaba disposiciones en materia electoral, en la que debe regir como principio rector el de certeza, el Pleno determinó “el restablecimiento de la vigencia de las normas anteriores a las reformadas, las cuales no podrán ser reformadas durante el proceso electoral próximo a iniciar, salvo que se trate de modificaciones no fundamentales”.
Este intento de “reforma electoral” fue impulsado por la bancada de Morena con el pretexto de “abatir costos”, pues incluía reducir el monto de las prerrogativas a los partidos políticos y eliminar las comisiones electorales municipales (lo que llevaría a concentrar todas las urnas en la comisión distrital).
Los partidos de oposición llamaron la atención de una de las reformas añadidas, en la que se apuntaba que la consulta ciudadana no podría ser utilizada para la remoción del cargo de gobernador, lo que –en su opinión- tenía como fin “blindar” a Cuitláhuac García y evitar que se le removiera antes de concluir su encargo.
La resolución de la Corte obliga al Organismo Público Local Electoral (OPLE) a apresurar el proceso para la celebración de las elecciones del 2021, pues otra de las modificaciones consistía en trasladar hasta el mes de enero el inicio del proceso.
Contra la resolución de la Suprema Corte no hay recurso que valga, por lo que el Congreso de Veracruz, el gobierno estatal y el organismo electoral habrán de corregir todas aquellas acciones llevadas a cabo atendiendo los lineamientos plasmados en la reforma que ahora es inválida.
Un consejo de buena fe: Inviertan en una mejor asesoría jurídica; no les den esos cargos a los amigos, por el simple hecho de que posean un papel que los acredita como abogados.
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Epílogo.
El colega periodista Walter Ramírez ha sido maltratado por el personal que coordina el acceso (de por sí limitado en razón de la pandemia) al Palacio Legislativo. No habla bien de la apertura y respeto a la libertad de expresión, que el berrinche de un legislador provoque acciones represoras contra un comunicador. Este es un atento llamado al responsable de la Comunicación Social del Poder Legislativo. *** Este martes será presentada, en la Fiscalía Anticorrupción, la segunda denuncia penal por las inconsistencias detectadas en la creación de las Asociaciones Público Privadas y la contratación de las empresas para la construcción de 21 Ciudades Judiciales. *** Varias cajas con documentos que soportan la denuncia, serán aportadas por el equipo de abogados que encabeza el doctor Tomás Mundo Arriasa. *** La pandemia de Covid-19 registró 7 mil 483 nuevas confirmaciones de la enfermedad para un acumulado de un millón 049 mil 358. También, en las pasadas 24 horas se sumaron 250 defunciones, con lo que 101 mil 926 personas han perdido la vida a causa de complicaciones graves de la infección por el coronavirus. *** Si bien las defunciones se mantienen con un incremento leve en comparación con el incremento en la cantidad de casos confirmados, también destaca que la positividad subió a 45% en promedio a nivel nacional.
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