El Poder Judicial de nuestro país bajo amenaza

SCJN
Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN)
- en Opinión

Francisco Vargas / Apenas ayer el INE dio a conocer que más de 5 mil firmas para apoyar la consulta popular presentada por López Obrador con la finalidad de investigar y llevar a juicio a los Ex Presidentes de la República eran de personas ya fallecidas, algo bastante delicado pero que no deja de asombrarnos sobre el gran número de arbitrariedades que se pueden llegar a cometer con tal de complacer los propósitos del Presidente de México.

Aunque para ser honesto, este comportamiento se queda corto si lo comparamos con el de los 6 Ministros de la Suprema Corte que apenas el mes pasado aprobaron y declararon constitucional esta consulta, pues es solo cuestión de tomarse el debido tiempo para escuchar y analizar los argumentos que estos seis Ministros prácticamente replicaron con diferente voz y esencia, justificando todos lo mismo: participación ciudadana, fundamento constitucional y por lo tanto derecho humano, tema de interés público y ejercicio democrático, y no, por sorprendente que parezca no se trata de los argumentos de un diputado del PT con primaria trunca, sino de seis de los once Ministros de la Corte, incluyendo el del Ministro Presidente Arturo Zaldívar.

A pesar de que el Ministro Luis María Aguilar atrajo este proyecto para declararlo inconstitucional, parece que la indicación o auto indicación para los Ministros que votaron a favor de la constitucionalidad era precisa y no iban a dejar al Presidente López Obrador sin su consulta para el 2021 (que dicho sea de paso nos costará a todos los mexicanos más de 1500 millones de pesos).

Al menos se prevenía el voto a favor de tres de los seis Ministros que aprobaron la consulta: El Ministro Presidente Zaldívar, que hace exactamente un año se sumó a la ola de críticas que venía haciendo el gobierno federal al Ex Presidente Calderón, acusándolo de presiones del Poder Ejecutivo al Judicial durante su sexenio, y naturalmente el de las dos Ministras recientemente designadas por el Presidente López Obrador; Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat, este última parte de su gabinete apenas el año pasado como titular del SAT.

Fueron muchos los argumentos que expusieron principalmente los Ministros Aguilar, Javier Laynez y Pardo Rebolledo, donde destacan principalmente el hecho que la justicia, la aplicación de la ley, y la validez de los derechos humanos no se pueden someter a consulta, ya que en este caso en particular, no solo se violentan los derechos humanos de los presuntos responsables de delitos al incluirlos en un escrutinio público sin su consentimiento, sino que también vulnera los de las víctimas y las personas ofendidas, ya que en caso de que la sociedad que participara en la consulta decidiera no investigar los presuntos hechos ilícitos que cometieron los Ex Presidentes, estos delitos quedarían evidentemente en la impunidad. Es importante recalcar que el Estado través de las autoridades judiciales correspondientes, tiene la obligación de atraer, investigar y en su caso sancionar a las personas que han cometido o participado en un delito, sin importar si se trata de un Ex Presidente de la República.

Y por si fuera poco, esta famosa consulta también viola el derecho de igualdad, ya que al aprobarse y declararse constitucional (a pesar de que se haya cambiado la pregunta) privilegia a todas las personas que involucra la propia pregunta, dándoles la herramienta de someterlos a una consulta social antes de poder ser investigados o sentenciados, dejando a las demás personas que han sido vinculadas a proceso por un haber cometido un ilícito sin la misma oportunidad, además de que al mismo tiempo nos excluiría a nosotros como ciudadanos de sólo poder participar en este tipo de decisiones políticas y en las demás no, (aprobación de presupuesto, creación de programas, decretos o iniciativas de ley, viabilidad de proyectos viales, etc.)

Es realmente alarmante darnos cuenta que, si bien es cierto siempre ha habido poderes facticos desde el Ejecutivo que mueven las decisiones en la Corte, esta vez se trata de un tema meramente político con fines electorales para ayudar a salvar la popularidad de un Presidente que se autodestruye a diario con sus propias decisiones y tiene la necesidad de tomar estas vergonzosas medidas para ayudar a su partido a no ser derrotado las próximas elecciones del año entrante, sin importarle lo más mínimo nuestra Constitución, las leyes y los derechos humanos.

Espero que los Ministros rectifiquen su comportamiento de sumisión hacía el Ejecutivo, ya que a diferencia de los legisladores y los funcionarios de gobierno del país que fueron elegidos a través del voto popular, ellos no necesitan de popularidad ni de la aprobación de la ciudadanía y mucho menos de la del Presidente para hacer su trabajo y velar por el Estado de Derecho.

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