FGE al servicio de “intereses retorcidos”

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / LOS MENSAJES son más que evidentes. La Fiscalía General del Estado –ajena a la función de procurar justicia regida por los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos-, se ha puesto al servicio de los intereses más oscuros del Ejecutivo y Legislativo, a los que sirve de brazo represor contra actores políticos que se rebelan, o que buscan posiciones que ponen en riesgo los cotos de poder de ambas instancias. Y si bien para el ejercicio de sus funciones cuentan con los fiscales auxiliares, agentes, policía ministerial y demás personal que está bajo la autoridad y mando directo de la Fiscal, lo cierto es que éstos no están siendo utilizados para combatir a la delincuencia mediante investigaciones científicas que lleven hasta las cabezas más notables de quienes son los autores de la violencia más encarnizada en el territorio estatal, sino a quienes ordenan diputados que se pasan por el arco del triunfo los ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el caso Actopan que ha ordenado tomar protesta a José Alfredo López Carreto, alcalde suplente de aquel lugar pero, en cambio, la FGE ordena que medio centenar de elementos de la ministerial lo esperen afuera de su vivienda para detenerlo en base a la carpeta de investigación 114/2018/PC por presuntamente amenazar al periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, asesinado en Agosto del año pasado, algo que ya había quedado aclarado, pero como López Carreto exige que lo instalen como alcalde, de acuerdo a su derecho, desde el Congreso del Estado ordenaron reactivarle la investigación y sin previa orden de aprehensión, pues al menos no se la mostraron, fue rodeado el jueves afuera de su domicilio pero dentro de su auto, y como no pudieron bajarlo porque no le mostraron ningún documento que acreditara su arresto, mandaron traer una grúa, subieron la unidad con el político adentro y lo trasladaron a las instalaciones de la Policía Ministerial donde a puertas cerradas lo sacaron y lo llevaron ante un juez del reclusorio de Pacho Viejo, no sin antes propinarle tres o cuatro cachetadas y ordenarle que ya le baje.

Y COMO era de esperarse, el juez de control, tras varias horas de interrogatorio se dio por vencido y lo dejó en libertad alrededor de las 23:00 horas por falta de pruebas, no sin antes dejar abierta la carpeta de investigación, obligarlo a presentarse a firmar cada dos semanas, pagar una fianza de cinco mil pesos y cancelarle sus derechos políticos, algo que no puede hacer el juzgador puesto que, aunque fuera indiciado, mientras no sea sentenciado sus derechos siguen vigentes, aunque en realidad es lo que desean desde la Junta de Coordinación Política del Congreso y la Secretaría de Gobierno, pues la intención es mantener al alcalde impuesto, aunque la SCJN diga otra cosa, esto debido a la obra pública que está dispensando a cierto legislador local que se siente la encarnación de Joseph Fouché, aquel perverso político francés que ejerció todo el poder durante la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico manipulando a los verdaderos gobernantes a partir de intrigas y confabulaciones debido a la debilidad de los gobernantes de ese entonces, o la ausencia de otros como Napoleón interesado más en conquistar territorios que en gobernar.

QUEDA CLARO que con la aprehensión ilegal de José Alfredo López Carreto existe más un afán político al que se presta la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, que el interés de hacer justicia, y lo peor es que ésta será la tónica en lo sucesivo, y qué lástima porque se denigra al Estado de Derecho. Y es que, según Frédéric Bastiat, la ley se pervierte cuando se castiga el derecho a la legítima defensa de uno en favor del derecho adquirido para saquear de otro (léase el derecho del alcalde suplente a asumir el poder, contra el derecho de quienes impusieron un munícipe a modo para seguir saqueando al municipio). López Carreto ya goza de libertad, pero le impedirán cuántas veces sea necesario convertirse en Presidente Municipal pese a que le asiste el derecho, y si ahora buscaron inculparlo en el asesinato del periodista Jorge Celestino Ruiz, la perversidad de quienes legislan y procuran justicia, bajo la anuncia del responsable de la política interna del Estado podría cargarle cualquier muertito en lo sucesivo, que para eso se pintan solos, en tanto los verdaderos criminales gozan de libertad y hasta de protección.

OTRO CASO donde se ha utilizado a la Fiscalía Estatal y a los órganos de Seguridad Pública para avasallar a futuros contendientes corresponde al dirigente de la asociación de taxistas de la zona de Coscomatepec “Unidos por el Volcán”, Rogelio González Barojas, quien luego de bloquear el pasado 6 de Agosto una arteria Federal en el municipio de Huatusco, como lo hacen diversas organizaciones en exigencia de solución a sus demandas, fue detenido y presentado ante un juez que lo vinculó a proceso y le decretó prisión preventiva, y como castigo a su ingobernabilidad fue internado en el Penal de Tuxpan, muy lejos de su familia y seguidores que amenazan seguir protestando.

GONZÁLEZ BAROJAS, hay que decirlo con franqueza, era uno de los pocos liderazgos naturales que aún le quedaban al PRI en esa zona, y al aprehenderlo y juzgarlo le desmantelan a ese instituto una de sus bases, lo que ocurrirá en muchos lugares donde PRI, PAN o PRD muestren mayoría o constituyan una competencia peligrosa para el Movimiento de Regeneración Nacional, porque para eso querían la Fiscalía General del Estado: para imponer una titular a modo que se prestara a los caprichos del poder, y no dude usted que en breve veamos –o nos veamos- empresarios y periodistas en situaciones embarazosas, sobre todo si insistimos en la crítica a un régimen fantasma, inexistente en la solución de los problemas pero presente en la represión y persecución de los adversarios y todo aquello que le estorba.

EN ESE tenor, de la Misión de la FGE que es “Garantizar el Estado de Derecho mediante la investigación y persecución de los delitos del orden común, observando la estricta aplicación de la ley y de los principios de Autonomía, Eficiencia, Imparcialidad, Legalidad, Objetividad, Profesionalismo, Responsabilidad y Respeto de los Derechos Humanos; solicitar, en su momento las medidas cautelares contra los imputados buscando y presentando las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito, procurando que los procesos se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pidiendo la aplicación de las penas; además, intervenir en todos los asuntos en materia civil que la ley determine, a fin de procurar el beneficio de la sociedad veracruzana”, nada queda, mientras que la visión que le obligaría a “Ser una institución humana, confiable, transparente y eficiente en el ámbito de su competencia, integrada por servidores públicos competentes y especializados, que actúen en un marco jurídico actualizado con probada lealtad y vocación de servicio; que den certeza jurídica en la atención de los servicios que brindan a la sociedad, para garantizar el acceso a la justicia.

Valores y Principios de Actuación Institucionales.

Honradez, Lealtad, Confianza, Profesionalismo, Disciplina, Fortaleza, Servicio, Solidaridad, Honestidad, Legalidad, Respeto, Objetividad, Eficiencia, Respeto a los derechos humanos, Perspectiva de género”, está siendo pisoteada por quienes la detentan. Así las cosas. OPINA [email protected]