Salvador Muñoz / El pasado 7 de agosto, el diputado Enrique Cambranis presentó una denuncia ante el Agente del Ministerio Público de la Federación por el desacato a la Ley de Amparo, en el caso de la destitución de tres magistrados.
La denuncia es por la violación al Artículo 267 de la Ley de Amparo después de que los Magistrados Marco Antonio Lezama Moo, Roberto Dorantes Romero, así como Gladys de Lourdes Pérez Maldonado lograran que el Poder Judicial de la Federación diera protección a sus garantías fundamentales ante posibles actos tanto del Tribunal Superior de Justicia en el Estado como del Congreso local.
Sepa cuál sea el destino de la denuncia pues por el caso, el diputado Cambranis no tiene interés jurídico; en un asunto como el de los Magistrados, los propios jueces de Amparo son quienes dan vista al MP Federal.
En mi inocencia legal, creía que se tendría que proceder contra cada uno de los diputados que a sabiendas de que había amparos de por medio, les valió gorro y votaron por nuevos magistrados, pero el mismo Cambranis me recalcó que la denuncia fue directamente contra la Mesa Directiva del Congreso, Jucopo y Magistrados ¡ah! y quienes resulten responsables. Así que mi idea de festín de diputados descabezados desapareció para encaminarme entonces a pensar, si es que se actúa conforme a Derecho, qué cabeza caería en este “Affaire” de Magistrados… y empezamos con una simple pregunta:
¿Quién acordó el orden del día en el Congreso a sabiendas de que había sendos amparos de por medio?
¡Ah! porque de acuerdo a lo dicho por el senador Julen Rementería, los integrantes de ambos poderes (Judicial y Legislativo) fueron notificados sobre los amparos y suspensiones obtenidos ante la Justicia federal.
La junta de trabajos legislativos, integrada por la Junta de Coordinación Política más el presidente de la Mesa Directiva, son quienes se encargan de “armar” el orden del día. ¡Ojo! porque en la Jucopo están los representantes de cada grupo o bancada y ahí entonces tendríamos a Omar Miranda Romero, Erika Ayala, Alexis Sánchez García (cuyo grupo ahora es MC-PRD y Diputado sin Partido) ¿y Gonzalo Guízar (en la página del Congreso aún aparece… o le “prestaron” a la diputada Florencia Martínez y Candelas Doce para mantener a su grupo o el titular de Comunicación Social está pensando en las elecciones del 21)?
Supongamos que Omar Miranda se opuso a que entrara el asunto de los Magistrados en el Orden del Día… ¡ah! pero todo es democracia y la Mayoría se impone… ahora que si en un momento dado, en un remoto caso, hubiera un empate, el voto de calidad lo tiene el Presidente de la Mesa Directiva
La pregunta entonces es: Si la Ley se aplicara en el caso de los Magistrados, ¿alcanzaría a quienes integran la Jucopo y al Presidente de la Mesa Directiva?
Los que saben dicen que no necesariamente, por una razón más simple: en temas aprobados por el Pleno (todos los congresistas, diputados, legisladores que hacen el quórum), el responsable es el Pleno… es a donde yo creía que la Ley iba a actuar contra cada uno de los que con su voto violaron el artículo 267 de la Ley de Amparo, pero no… también el Pleno tiene un responsable que se llama Presidente de la Mesa Directiva…
Insisto: en caso de que se procediera conforme a Derecho, al parecer, todo indica que a quien le caería el moco, en el caso del Poder Legislativo, sería a Rubén Ríos Uribe, ya que conforme a la Ley del Congreso, es el representante legal, quien tiene que dar la cara ante las cuestiones jurídicas que involucren al poder Legislativo…
Las sanciones a las que se podría hacer acreedor van desde una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, o en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos…
¿Se le podrá comprobar que actuó dolosamente en el caso de los Magistrados?
En el caso del Pleno del Poder Judicial en el estado, eso, ya es otra historia…
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