Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Las aguas parecen volver a su nivel en el Poder Judicial del Estado. La magistrada presidenta, Sofía Martínez Huerta, soportó el vendaval y poco a poco retorna la normalidad jurídica en ese órgano autónomo. *** Ante a los recursos presentados por aquellos que pretendían tomar posesión de los cargos que les fueron asignados por el Consejo de la Judicatura, la justicia federal dejó en claro que en el Poder Judicial de Veracruz el carácter de “patrón” lo tiene la magistrada presidenta y, por lo tanto, cuenta con la autoridad para impedir los cambios en cargos administrativos realizados por otros miembros del Consejo de la Judicatura. *** Un Juez federal desechó los amparos promovidos por los nuevos funcionarios que reclamaron la negativa de la Presidenta a permitirles ocupar los cargos que les asignó dicho órgano en sesión extraordinaria celebrada el 15 de julio de 2020. *** Un grupo de miembros del Consejo de la Judicatura, a espaldas de la Presidenta, pretendió apoderarse de los principales cargos administrativos en el Poder Judicial. Hortensia Guillermina Hernández Fernández fue designada como Secretaria de Acuerdos; Griselda Castillo Lara como titular en la Contraloría Interna y Elvis Viveros Arroyo como director de recursos materiales. *** Cuando quisieron tomar posesión de sus cargos, la magistrada presidenta requirió la presencia de la policía estatal, para impedirles el acceso a sus oficinas. *** Un juez federal desechó la demanda de amparo tramitada por los afectados, quienes acusaban a Sofía Martínez Huerta de impedirles, mediante el uso de la fuerza, que ocuparan sus oficinas. *** El Juez determinó que el actuar de la Presidenta fue en su carácter de “patrón”, según la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que establece que los puestos administrativos están subordinados al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. *** Una vez resuelto el tema jurídico, Sofía Martínez Huerta ya reparó los puentes de comunicación con el Ejecutivo del Estado y, por ende, con el Legislativo, por lo que muy pronto habrán de normalizarse las tareas de impartición de justicia en Veracruz.
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“Si para poder aplicar la nueva política de rescate a Pemex y a la CFE fuera necesario proponer una nueva reforma energética, no descartamos esa posibilidad; es decir, debe mantenerse abierta, entre otras, la opción de presentar una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso de la Unión para hacer valer, sin lugar a dudas, el principio de dominio de la nación sobre sus recursos naturales”.
Ese es un fragmento del memorandum que el Presidente Andrés Manuel López Obrador habría enviado el pasado 22 de julio a trabajadores de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en el que, además, aseguró: “Es urgente profundizar en los cambios ya iniciados para rescatar a Pemex y a la CFE, considerando a estas empresas públicas como estratégicas e indispensables para el desarrollo independiente y soberano de la nación”.
Apenas una semana después de que el Presidente emitiera ese documento, la titular de la Secretaría de Energía, la veracruzana por adopción Rocío Nahle, se reunió con el gobernador Cuitláhuac García, a través de quien hizo anuncios importantes para Veracruz:
Ratificó la decisión de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le dé continuidad al proyecto de la planta de ciclo combinado en Tuxpan, una inversión que detonaría la generación de empleo en el norte de la entidad.
Dio a conocer, además, que se están invirtiendo este año otros 2 mil millones de pesos (una cifra similar se habría aplicado en el 2019) para la actualización y mejoramiento de la refinería de Minatitlán.
Confirmó también la ampliación de la operación de la nucleoeléctrica de Laguna Verde por otros 30 años y prometió que Veracruz “será estratégico” en el Plan de distribución de gas.
Y no es que se desconfíe de las cuentas alegres de la titular de Energía, pero su anuncio para Veracruz contrasta con el pesimismo que se percibe en el memorandum emitido por el Presidente el mes pasado, que se confirma con el panorama de Petróleos Mexicanos (Pemex) que nos pinta el analista de Excélsior Leo Zuckerman:
“De acuerdo con el plan de Pemex, el objetivo es incrementar la producción de crudo de alrededor de 1.7 millones de barriles diarios -como lo heredó de la administración anterior- a alrededor de 2.6 millones al terminar el sexenio. Para tal efecto, el gobierno le ha inyectado una fortuna de dinero. Trágicamente, muchos de los ahorros por la austeridad gubernamental han acabado en Pemex. A pesar de eso, la producción no ha subido. Al día de hoy, México sigue extrayendo 1.7 millones de barriles diarios”.
Pero la situación es aún más grave:
“Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Debe 107 mil millones de dólares. Este año sus bonos perdieron el grado de inversión para convertirse en chatarra. Esto, a pesar de que el gobierno ha utilizado recursos públicos para mejorar el perfil de su deuda con reservas que tenía para emergencias económicas. En 2019 se destinaron cien mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios”.
Y eso no es todo:
“Pemex es un desastre. La semana pasada reportó una pérdida neta en el primer semestre de 2020 de 26 mil 406 millones de dólares, un aumento de 585%, o casi seis veces más, que el resultado también negativo de 3 mil 853 millones del primer semestre de 2019. El primer trimestre, en el contexto de la caída brutal de los precios internacionales (llegaron a ser negativo por primera vez en la historia), fue peor que el segundo, pero en ambos se reportaron pérdidas”.
Y le pone nombre y apellidos al responsable de esta crisis:
“Estamos, pues, frente a una empresa que es un barril sin fondo. El gobierno sigue empeñado en seguirle echando dinero bueno al malo. Todo por la delirante fantasía de AMLO de regresar a las épocas del boom petrolero de los setenta. Eso nunca va a ocurrir. La nueva realidad es que las energías fósiles están en un franco proceso de retroceso, por muy buenas razones”.
En el memorandum atribuido al Presidente se replantean ya las metas de producción petrolera: 1.8 millones de barriles diarios de crudo en 2020; 1.9 en 2021; 2.0 en 2022; 2.1 en 2023, y 2.2 en 2024.
López Obrador fue muy claro respecto a sus prioridades en esta materia: “Pemex y la CFE deben reconocer los contratos suscritos anteriormente, siempre y cuando no impliquen fraudes en contra de la nación. De existir pruebas de influyentismo y corrupción, presentar las denuncias penales competentes. Debe suprimirse el otorgamiento de subsidios de cualquier índole a empresa particulares del sector energético”.
Además de la relevancia que estas directrices tienen para el futuro del país (y especialmente para Veracruz, uno de los territorios que más aporta tanto en generación de energía eléctrica como en producción y refinación de hidrocarburos) en la apuesta del Presidente de México está colocada una ficha más: el futuro político de su secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien ya se ve en el 2024 compitiendo por la gubernatura de Veracruz… siempre que no se desplome ese endeble castillo de naipes que ha ido levantando el gobierno de Morena.
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Epílogo.
Este martes el empresario Rubén Carrasco visitó el municipio de Jilotepec y la comunidad de Plan de Las Hayas (su tierra natal) puntos en los que entregó apoyos a la población para hacer frente a la epidemia de Covid-19. *** El propietario de la Refresquera Coyame se reunió en Jilotepec con Ernesto “El Gallo” Aburto, un reconocido actor social de la comunidad, con quien acordó coordinar esfuerzos para apoyar a los sectores más necesitados del municipio. Bien. *** El director de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que en México los contagios de Covid-19 suman –hasta la tarde de este martes- 449 mil 961, con 6 mil 148 nuevas notificaciones en las últimas 24 horas. El registro de fallecimientos confirmados por laboratorio reporta 857 nuevos casos, para llegar a un total acumulado de 48 mil 869, desde el inicio de la epidemia en todo el país. *** La media de ocupación de camas generales de hospitalización a nivel nacional es de 45 por ciento, con 16 mil 760 camas disponibles y 13 mil 827 ocupadas, mientras que Nuevo León se mantiene como la entidad con mayor ocupación de camas generales, con 73 por ciento, seguido de Coahuila y Nayarit con 69 por ciento. *** En cuanto a las camas con ventilador, para pacientes críticos afectados por el nuevo coronavirus, indicó que el porcentaje de ocupación se mantiene estable en 36 por ciento en el país. Destacan Nuevo León, Colima y Tabasco, que encabezan los estados con mayor tasa de ocupación, con 66, 60 y 53 por ciento. *** ¡Cuídense!, que con ello cuidan a sus seres más queridos.
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