Analiza SCJN el aborto en Veracruz

Aborto
Analiza SCJN el aborto en Veracruz FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez / 

Prefacio. 

Este domingo, en Poza Rica, los empresarios Jesús Chaín Oseguera y Rafael Sánchez Cano fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de persona, cometido en contra de Edgar Álvarez Flores, de quien se desconoce su paradero desde el 25 de marzo del presente año. *** El juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de ambos imputados, por el tiempo que dure el proceso penal. *** Jesús Chaín y Rafael Sánchez son los mismos empresarios que presentaron una denuncia penal en contra de la titular de la Comisión Nacional del Deporte, la exatleta Ana Gabriela Guevara, por el delito de extorsión, caso en el que involucraron a la exalcaldesa de Xalapa, Armida Ramírez, a la que señalaron de fungir como “intermediaria” entre la servidora pública y ellos. *** Édgar Álvarez Flores, de 40 años de edad, se presentaba como “empresario constructor”. De las declaraciones de los detenidos se ha establecido que el hoy desaparecido acudió el 25 de marzo a las oficinas de Chaín en el fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Río, para recoger 2.5 millones de pesos que los empresarios se habían comprometido a entregar a Ana Gabriela Guevara, por conducto de Armida Ramírez. *** La propia exalcaldesa de Xalapa (también detenida y cuya situación se habrá de dirimir este lunes) admitió que ella acordó con Édgar Álvarez que él fuera a recoger el dinero (admitió además que esa suma debía entregársela a su “amiga” Ana Gabriela Guevara), que se mantuvieron en contacto y que éste le confirmó que ya tenía en su poder esa suma. *** Después –dijo Armida- ya no supo más de él, ya no le respondió los mensajes, ni las llamadas telefónicas. Lo quiso localizar a través de sus amigos y nadie sabía su paradero 

* * *

El próximo miércoles 29 de julio, el ministro Juan Luis González Alcántara presentará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su proyecto de sentencia, en la que deberá resolver si el Poder Legislativo de Veracruz fue omiso o no en la actualización de las leyes locales en materia de aborto. 

Ya se conoce la propuesta del ministro, que en una parte dispone

“Se obliga al Poder Legislativo local a modificar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para el Estado de Veracruz, ya que no superan el umbral establecido por dichos instrumentos, al ser normas discriminatorias y/o constitutivas de violencia contra la mujer que debieron haber sido reformadas sin dilación por el Estado de Veracruz”.

La arquidiócesis de Xalapa se pronunció ya sobre esta sentencia y cuestionó el razonamiento del togado. 

“El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara propone confirmar el amparo extralimitado de un juez federal, concedido hace casi 2 años, donde se quiso ordenar al Congreso del Estado de Veracruz reformar el Código Penal para dejar de considerar que el aborto provocado sea un delito”, advierte la Iglesia Católica.

Y agrega:

“La intención de este ministro es legalizar el crimen horrendo del aborto y éste, incluso hasta las 12 semanas de gestación de una persona e imponerlo en Veracruz, siendo que la Constitución del Estado protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Observamos de entrada un fraude constitucional además de que se trata de una intención criminal y perversa propia de la cultura de la muerte que atenta contra los veracruzanos”.

Por su parte, organizaciones civiles luchan desde hace varios años para que en Veracruz se combata la violencia de género en el ámbito institucional.

En un artículo publicado en la versión para México del diario español El País, Luz Estrada, directora del Observatorio del Feminicidio, explica que en 2016 las organizaciones sociales exigían la declaración oficial de una alerta de violencia de género, que mencionaba, además de la violencia explícita contra las mujeres por el hecho de serlo, la violencia institucional.

“Nosotras solicitamos que se decretara aquella alerta por agravio comparativo, porque se estaba documentando que las mujeres víctimas de una violación, y la mayoría menores de edad (de 400 casos que se encuentran en el informe), se les negaba el acceso, a pesar de la norma. La autoridad no estaba generando las condiciones suficientes para que las mujeres y las niñas accedieran a un aborto legal. Y más del 90% del personal de salud se declaraba objetor de conciencia; veíamos un contexto grave para las mujeres”.

Y fueron más allá:

“Pudimos documentar que el (Poder) legislativo (de Veracruz) había cometido irregularidades que iban en contra de los derechos de las mujeres. Todo eso se metió en el amparo. Y lo ganamos a nivel federal. Un juez nos dio la razón y reconoció que la autoridad, el legislativo, fue omisa y expuso todos los argumentos para la reforma del Código Penal. Pero el Congreso rechazó el dictamen del juez, al que acusó de extralimitarse. Veracruz, dijeron, se rige por su ley estatal”.

Es por eso que el tema ha llegado hasta la última instancia, y el proyecto favorece a los grupos que reclaman la despenalización del aborto.

La Iglesia Católica tiene su propia visión de este caso:

“Por donde se le vea, el aborto provocado es un cruel asesinato, es la muerte de un inocente, es el exterminio de un ser humano, es el permiso que se le da una mujer para destruir la vida de su propio hijo, es el derramamiento de sangre inocente. Por todo ello, es un acto inhumano e inmoral”.

Respecto al proyecto que será discutido esta semana, la Iglesia señala:

“Es un absurdo y una perversa política lo que este ministro está pretendiendo imponer en el estado de Veracruz(…) Es absurdo que quieran imponer esta política perversa de muerte cuando en México estamos sufriendo los embates mortales de una pandemia que no se ha podido controlar y que ha traído la mayor crisis económica, sanitaria y social en todo el territorio mexicano, además de luto, dolor y sufrimiento en las familias mexicanas. Todo esto aunado a los altos índices de violencia, inseguridad e impunidad que no se han podido erradicar ni siquiera controlar. A estas tragedias de suyo dolorosas, se quiere agregar ahora una política inmoral y criminal, la imposición del aborto en todo el país. Pues si abren la puerta en Veracruz querrán seguirse con todos las entidades”.

La propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara será sometida a la votación de cinco ministros y para que sea confirmada requiere de tres votos a favor.

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Epílogo. 

Una treta más que se le cae al secretario general de Morena en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores, quien durante el fin de semana hizo circular un supuesto comunicado en el que se notificaba que se le había designado como presidente del Comité Estatal de ese partido Veracruz. La mentira se descubrió casi de inmediato y una vez más fue exhibido este sujeto que pretende avanzar en Veracruz a través de falsedades. *** Sólo baste recordar que fue él quien denunció al exdiputado del Partido Verde, Francisco Martínez, de secuestro, pero sus señalamientos ya no los pudo sostener frente al juez por lo que el acusado recuperó su libertad. Lo suyo es mentir, pero ni siquiera eso lo sabe hacer bien. *** La Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz anunció la captura de un grupo de presuntos delincuentes que se dedicaban a la extorsión. La detención de estos sujetos ocurrió luego de un operativo en la unidad habitacional Fovissste de Xalapa. *** Las autoridades informaron en su comunicado sobre la aprehensión de siete personas, a las que se les identificó como Iván, Héctor Daniel, Édgar Saúl, Javier, Martín, Francisco Javier y Brenda Inés. Sin embargo, familiares de quien fue identificado como “Iván N”, aseguran que no hay registro de que esta persona haya sido remitida ante una autoridad ministerial. Acudieron al Ministerio Público de Coatepec, de donde los remitieron a los juzgados de Pacho Viejo, pero ahí los volvieron a enviar a Coatepec, sin que haya autoridad que les informe sobre la ubicación y situación legal de su familiar.

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