Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, lo dejó muy claro: “Se respetará cualquier decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso del ayuntamiento de Actopan, ya que los diputados son servidores públicos garantes del marco institucional” y afirmó que el Poder Legislativo no ha dado ningún nombramiento en ese municipio, “eso lo sabe muy bien el diputado Omar Miranda (coordinador de la bancada del PAN), y si no tiene conocimiento de ello, es que no está haciendo bien su trabajo”. *** Este mismo lunes el dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés (acompañado de Tito Delfín Cano y del diputado Omar Miranda Romero) aseguró que el Congreso del Estado tiene un plazo de 10 días para restituir a José Paulino Domínguez como alcalde de Actopan luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que debe continuar en el cargo. *** El dirigente panista advirtió: “Vamos a solicitar al secretario del Congreso que nos informe en el momento en que sea notificado el Congreso del Estado porque en anteriores ocasiones no se nos ha notificado y se ha ocultado información”. *** A ello respondió Gómez Cazarín, señalando que los panistas demuestran una vez más ignorancia y falta de honestidad en sus declaraciones. Rechazó que la Legislatura haya ocultado información respecto de las resoluciones que han emitido los órganos jurisdiccionales en el caso Actopan, pues todas las sentencias son de carácter público y la ciudadanía tiene acceso a ellas. *** “Sin duda que le mienten a los veracruzanos, pues se trata de una estrategia política de aquellos que se oponen al cambio y que buscan también perpetuarse en el poder municipal y seguir enriqueciéndose con el 90% de las obras públicas del Ayuntamiento de Actopan”.
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Cuando Ricardo Ahued anunció su salida de la Dirección General de Aduanas (cargo al que había sido invitado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre destacó en él su honradez) además del consabido discurso del “cierre de un ciclo”, también mencionó cuáles serían los temas en los que tendría que poner especial atención el gobierno federal.
“Hay mucho por hacer, se tienen que seguir estableciendo las reglas para que el comercio exterior cumpla con el control de las mercancías, el pago de impuestos, abatir el tema de la corrupción. Los que vengan tendrán que luchar con el mismo asunto”, comentó en aquella ocasión para la agencia de noticias Notimex.
Desde el fin de semana ha corrido fuerte la versión (que no fue desmentida, pero tampoco confirmada, por el Presidente en su conferencia del lunes por la mañana) del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.
Dos habrían sido las razones que, según expertos, habrían motivado la renuncia de este alto funcionario del gobierno federal.
La primera de ellas se vincula con la reciente llegada a México, en calidad de “testigo protegido” del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Hay quienes sugieren que con la información que entregue este personaje, no tardará en confirmarse la vinculación de la esposa de Jiménez Espriu –Elisa Margarita Gutiérrez Saldívar- con el consorcio Braskem-Idesa, que fue creado en 2010, con la finalidad de operar el complejo Etileno XXI ubicado en Nanchital. El 75 por ciento de esa empresa corresponde a Braskem y el 25 por ciento a Idesa, de la que la familia de la esposa del secretario de Comunicaciones es propietaria.
Pero hay otra explicación para esta inminente salida.
Cuentan que en el mes de enero Javier Jiménez Espriú se reunió con Andrés Manuel López Obrador, pues el titular de la SCT sentía que estaba perdiendo la batalla con el almirante José Rafael Ojeda.
El secretario de la Marina ya tenía el apoyo de un sector de la 4T para quitarle a Jiménez la operación de los puertos con el argumento de que los civiles no podían con las mafias que introducían drogas.
“Tan adelantado estaba en su cabildeo que Mario Delgado, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, ya tenía lista la iniciativa de ley para concretar la reforma”, cuenta el analista Darío Celis en su colaboración para El Financiero.
“Ese día Jiménez Espriú le explicó con peras y manzanas a AMLO los riesgos que para las operaciones de comercio exterior implicaba militarizar los puertos. El tabasqueño agradeció la alocución del ingeniero e instruyó a su consejero jurídico detener la iniciativa. Julio Scherer llamó a Delgado y todo quedó suspendido y aparentemente cancelado”.
Pero no por mucho tiempo: el pasado viernes en Manzanillo, sorpresivamente, López Obrador anunció la entrada de la Marina a administrar los puertos.
Cuestionado al respecto, la mañana del lunes, el presidente se limitó a responder:
“No tengo todavía una información certera sobre esta posible renuncia. Voy a tener una reunión -creo que hoy o mañana- con el ingeniero Javier Jiménez Espriú, al que respeto mucho, y vamos a platicar, a conversar”.
Pero en esa misma conferencia, López Obrador dio más detalles sobre ese tema:
“Necesitamos poner orden, como lo estamos haciendo, en todas las aduanas, en las terrestres, en las marinas, en los recintos portuarios para que se controle el contrabando de mercancías y sobre todo la introducción de droga (…) Entonces, ¿qué necesitamos? Controlar los puertos y qué mejor que la Secretaría de Marina para este propósito. Entonces, es todo un reordenamiento”.
La decisión ya está tomada y seguramente mucha de la información que analizó el Presidente fue aportada por Ricardo Ahued Bardahuil.
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Epílogo.
La Secretaría de Salud informó este lunes que ya son 39 mil 485 las personas fallecidas por el nuevo virus Covid-19 en México. Además, los casos confirmados ascendieron a 349 mil 396, de los cuales 46 mil 820 son activos estimados, es decir, que presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días. *** José Luis Alomía, director de Epidemiología, mencionó además que los casos sospechosos acumulados de la enfermedad Covid-19 aumentaron a 79 mil 112, mientras que 222 mil 68 individuos se han recuperado tras ser contagiados con el virus. *** El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte De Ochoa, consiguió una suspensión provisional contra cualquier nueva orden de aprehensión, aunque se le condicionó a pagar 90 mil pesos para poder conservarla. En los estrados judiciales se informó que el juez exhortó al exgobernador a continuar con el trámite de su juicio de amparo de manera electrónica y mientras tanto su amparo no sufrirá modificación alguna. *** La secretaría de Protección Civil del Estado informó que la explosión registrada este lunes en un predio de Poza Rica, dejó como saldo cinco personas lesionadas de gravedad, una menor entre ellas. A las 10 de la mañana se recibió la notificación de una explosión ocurrida en el predio La Barita, del municipio de Poza Rica, sitio en el que personal de Pemex realizaba labores de limpieza en un ducto.
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