Irineo Domínguez Méndez / Dicen en el OPLE de Veracruz que ya se aplicó la reducción del 50% de las prerrogativas asignadas a los partidos políticos, en conformidad con la reforma electoral “mocha”. Así las cosas, los partidos chiquitos del Estado: PVEM y PRD son los más perjudicados. Lo extraño del caso es que ninguno de estos partidos y los otros afectados ha dado a conocer si interpuso o no algún recurso legal en contra de la aplicación referida; toda vez que afecta un presupuesto aprobado para este año desde diciembre pasado, la reducción parece tuvo efectos retroactivos. Con seguridad, de ser necesarias, el organismo electoral hará las aclaraciones pertinentes. Aunque es presumible que se hayan violentado los derechos políticos de los partidos que no están de acuerdo en la reforma.
Los interesados en acotar los abusos de la autoridad o de sus incapacidades, sabemos la razón principal para endilgar el calificativo de “reforma mocha”. En esta se excluyó la revocación de mandato, con el insano propósito de negar a la ciudadanía su derecho de “veto al mal gobierno estatal”; aún más, eximió de este riesgo a los ayuntamientos y al propio congreso. El derecho de “veto ciudadano” fue ignorado por los diputados, quienes temerosos de perder prerrogativas y una que otra prebenda, pretenden conservar el poder. Saben que, cuando la rendición de cuentas no satisface a los gobernados, la revocación de mandato sirve de elemento para aplicar el derecho de veto; consistente en la remoción de malos gobernantes.
En nuestro País y Estado, los ayuntamientos y el congreso pueden ser modificados en su integración; inclusive, los primeros pueden ser disueltos. En Veracruz, las causas y procedimientos para tal efecto las enuncian los artículos de los Capítulos II al VI de la ley Orgánica del Municipio Libre, que será fuente de otro comentario posterior a este. Menciono solamente que es el congreso local quien aplica la norma para tales modificaciones; recordemos los casos de Mixtla de Altamirano y Actopan, como ejemplos. Sin embargo, para “juzgar” y desaforar a un diputado, el congreso se convierte en juez y parte. Para ambos entes públicos, la revocación de mandato serviría a la ciudadanía como elemento de presión y evaluación de la rendición u omisión de cuentas.
Estos derechos de veto no legalizados pudieran ser aplicados, independientemente de la vía judicial; es decir, sin mediar denuncia por conducta alguna desplegada contra el sujeto a quien se le aplica la consulta. De tal forma que se cumpliría lo que AMLO ha dicho tantas veces: “el pueblo pone, el pueblo quita”, en virtud de calificar el desempeño de cada nivel de gobierno. Entonces, mientras no se incluya la revocación, la reforma es “mocha” y la línea política de su máximo líder un llamado a misa.
En cuanto al título del artículo, es de esperar que el partido Morena continúe aplicando la “austeridad” y regrese las prerrogativas al OPLE, solicitando sean utilizadas en los sectores de salud y educación; los cuales han sido señalados por los diputados morenos como áreas que requieren de más presupuesto para cumplir sus tareas; de algo servirán ¡más de $57 millones! Tal devolución tiene que lograrse utilizando todos los medios legales. Eso mostrará congruencia entre el discurso y los hechos. En caso contrario, se descubrirá un engaño más de ese partido: no se trata de ahorrar recursos, sino de debilitar a la oposición, adecuando normas ad hoc que benefician al partido en el poder.
Indudablemente, el PRD será el partido más perjudicado con la reducción de prerrogativas; con menores prerrogativas asignadas por haber obtenido baja votación en la anterior elección, sus problemas podrían agravarse. No sucederá lo mismo con el PVEM, el cual, aliado a los morenos, también tiene más recursos provenientes de las prerrogativas federales. Con el voto atomizado, se duda que partidos como el PRD, MC y PT logren alcanzar el 3% de la votación en el Estado. En otras palabras, no tendrán voz en el congreso.
Otro sí digo. – Se escucha en los corrillos que la alianza PRI-PAN va.
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