Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
No tiene idea Ernesto Cuevas Hernández, del lío en el que se acaba de meter. *** El subprocurador del Medio Ambiente en Veracruz (en funciones de Procurador, pues el titular, Sergio Rodríguez, dio positivo a Covid y se encuentra aislado) clausuró una obra que se realizaba en la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa (justo donde hasta hace algunas semanas se ubicaban las oficinas y bodegas de la Cervecería Superior) y en el acto dejó encerrados, dentro de dicho predio, diez camiones que fueron contratados para el acarreo de materiales. *** Cuando los propietarios de dichas unidades acudieron ante la autoridad estatal para recuperar sus camiones, el “Gallo Bolo” les exigió 950 mil pesos (95 mil pesos por cada uno) para devolvérselos. *** Pero resulta que los transportistas están organizados y no permitirán que los obliguen a pagar por una falta que ellos no cometieron. *** El secretario de Trabajo de la Coalición de Transportistas, Geiser Dorantes Carreón dejó en claro que ellos fueron contratados por la empresa cervecera Moctezuma para hacer el acarreo de materiales como desecho de obra y nada tienen qué ver con la falta que los propietarios de dicha obra hayan cometido. *** La Procuraduría del Medio Ambiente clausuró la obra con el argumento de que no poseen la manifestación de impacto ambiental, en lo que –por supuesto- nada tienen qué ver los transportistas. *** Jeyser Dorantes aclaró que sus agremiados tienen toda su documentación en regla, pagan sus impuestos, y a pesar de ello las 10 unidades van a cumplir ya un mes encerradas, lo que ha ocasionado que 45 familias se queden sin ingresos. *** Los transportistas han recurrido a las vías formales, pero si los representantes de la Procuraduría del Medio Ambiente persisten en su cerrazón, podrían conocer una actitud más enérgica. *** Como diría López Obrador: “A ver quién amarra al tigre”.
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– Misión cumplida, señor gobernador. Conseguimos el respaldo de 110 ayuntamientos y, por lo tanto, la reforma electoral ya puede ser promulgada.
– Muchas gracias, querido amigo. Sabía que podía contar contigo. Tu trabajo ha sido impecable. El pueblo de Veracruz te lo habrá de reconocer.
Quizá no fueron las mismas palabras, pero un diálogo parecido debieron haber tenido el gobernador Cuitláhuac García y quizá el hombre más leal a su proyecto, el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín.
En este mismo espacio se anticipó que el conjunto de reformas en materia electoral habría de superar –a pesar de una intensa campaña en contra- el requisito de la aprobación de más de la mitad de los Cabildos del estado.
Viene ahora su defensa en los tribunales, que ya es otro cantar y que ya no le corresponde al operador del gobernador en la Legislatura.
Una vez conseguido el objetivo, Gómez Cazarín subió a sus redes sociales un mensaje grabado en video, en el que destaca lo que en su opinión –y lo mismo piensa el gobernador- es la parte medular de la reforma: el recorte de un 50 por ciento del financiamiento estatal a los partidos políticos, “un reclamo recurrente de la sociedad veracruzana”.
Las fuerzas opositoras, sin embargo, han puesto especial énfasis en la modificación constitucional que impide que los cargos de elección popular (alcaldes, diputados y el gobernador) sean sometidos a consulta popular para una eventual destitución.
Ambos temas son debatibles.
Durante décadas, el partido en el poder (el PRI) negó primero y limitó después, el financiamiento a las fuerzas opositoras, y no fue sino hasta que creció la presión social, que poco a poco se fueron ganando terreno en esa materia.
Lo que en ese entonces le reprochaban al PRI es que se oponía al financiamiento de partidos políticos, porque ellos gozaban del patrocinio del gobierno.
Hoy la circunstancia es la misma. El partido en el poder impulsa la reducción del financiamiento a los partidos, y lo primero que les viene a la mente a los opositores, es que lo hacen porque ellos (Morena) ya tienen los recursos públicos para operar.
El tema, sin lugar a dudas, habrá de definirse en tribunales.
Por otra parte, el impedimento que plasma esta reforma para someter a consulta popular los cargos obtenidos en una elección, no debe ser confundido con la Ley de Revocación de Mandato, que a nivel federal impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que en su Artículo Sexto Transitorio advierte que “las constituciones de las entidades federativas, dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local”.
La revocación de mandato en Veracruz va a quedar plasmada en la Constitución local. El Decreto presidencial se publicó el 20 de diciembre del 2019, por lo que el plazo (18 meses) se vence el 19 de junio del 2021.
A final de cuentas, como bien lo dijo Gómez Cazarín: “El Pueblo manda” y es a ellos a quienes se deben.
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Epílogo.
El registro de casos de Covid-19 en México aumentó este jueves con 4 mil 790 nuevas confirmaciones, para un acumulado de 133 mil 974. De estos, 20 mil 832 corresponden a personas que iniciaron con síntomas en los pasados 14 días, mientras que 55 mil 700 están en la categoría de sospechosos, en espera del resultado de la prueba de laboratorio. *** José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), informó de 587 nuevos decesos confirmados en las últimas 24 horas, con lo que la cifra global llegó a 15 mil 944. Hasta ahora, 381 mil 139 personas han sido estudiadas, de las cuales 191 mil 465 tuvieron un resultado negativo para el virus. *** En el día 11 de la “nueva normalidad”, el país se mantiene en el máximo nivel de riesgo para la pandemia. Este viernes se dará a conocer la nueva evaluación del semáforo de alerta para los estados de la República. *** La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió tres recomendaciones al gobierno estatal, dos de ellas dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) por casos comprobados de abuso. *** El proceso por presunta corrupción en la Conade se pone cada día más grave. Rafael Sánchez Cano, apoderado legal de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad (CIMSA) sufrió un atentado la tarde del pasado miércoles en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y asegura que la intención del ataque fue impedir que atestiguara en el proceso iniciado contra Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y en la que se señala como “la intermediaria” en un acto de corrupción, a la exalcaldesa xalapeña Armida Ramírez Corral. *** El abogado Sánchez Cano advirtió que hace responsable a la directora de la Conade de lo que le pueda pasar a sus socios, a sus empleados, a su familia y a él mismo.
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